UNA MINÚSCULA CORTE REFRENDA GOBERNAR A DECRETAZOS: CON SÓLO TRES VOTOS, EVADEN AL CONGRESO Y A LA VOLUNTAD POPULAR
Tras la negativa del Congreso de validar la extranjerización del territorio nacional, con sólo 3 votos, y un controvertido artilugio, la Corte Suprema dejó vigente el DNU 70/23, eliminando la reciente discusión legislativa. Ante el avasallamiento institucional, la Cámara de Diputados intenta poner freno al gobierno mediante decretos.
El escenario institucional argentino vuelve a tensarse ante un fenómeno reiterado: la insistencia del Poder Ejecutivo por gobernar al margen de la división de poderes y la posterior complicidad, excusada en formalismos, de un Poder Judicial que parece actuar a destiempo de las necesidades soberanas del país. La reciente reactivación del megaDNU 70/23 en lo relativo a la derogación de la Ley de Tierras ha vuelto a poner sobre la mesa una mecánica de gobierno asentada en decretazos y validaciones judiciales por la puerta trasera.
Esta insistencia en la cesión del suelo nacional no solo desconoce los contrapesos institucionales, sino que colisiona frontalmente con un profundo y transversal rechazo popular. A lo largo y ancho del país, las comunidades locales, productores bonaerenses, patagónicos y cordilleranos contemplan con alarma cómo la extranjerización de tierras amenaza los recursos estratégicos, los espejos de agua y la soberanía productiva regional. La decisión de recurrir al atajo del decreto y a la posterior venia judicial responde, precisamente, a la certeza de que estas políticas jamás superarían el tamiz del debate democrático. Se trata de un mecanismo deliberado para eludir el control ciudadano y la discusión en las bancadas representativas, imponiendo a espaldas de la sociedad transformaciones estructurales que la inmensa mayoría del pueblo argentino repudia.
Desde los orígenes de la gestión de Javier Milei, el DNU 70/23 representó un intento implacable de reconfiguración económica e institucional. Entre sus articulados más severos, la eliminación del límite a la venta de tierras a capitales extranjeros despertó un inmediato rechazo en amplios sectores productivos, sociales y políticos de las provincias. Ante el repudio generalizado y la vigencia del debate democrático, la vía parlamentaria le dio la espalda a la iniciativa: en marzo de 2024, el Senado rechazó en el recinto la norma. Posteriormente, cuando el Ejecutivo intentó avanzar mediante proyectos legislativos como la denominada "Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada", la falta de consensos y la presión popular obligaron a retirar la pretensión de privatizar de manera irrestricta el suelo argentino.
Sin embargo, ante la imposibilidad manifiesta de lograr la aprobación en el Congreso —ámbito natural de representación popular y federal—, el avance sobre el territorio nacional encontró un insólito salvavidas en el Palacio de Tribunales. Mediante un cuestionado fallo dictado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, la Corte Suprema de Justicia revocó la medida cautelar que mantenía suspendida la derogación de la Ley de Tierras. Lo insólito de la resolución no radica en una defensa argumentativa de la constitucionalidad de la medida, sino en el repliegue estratégico hacia un tecnicismo: el tribunal sostuvo que los excombatientes de Malvinas carecen de "legitimación activa" para litigar, argumentando que la soberanía no constituye un interés colectivo tutelable por esa vía.
Esta maniobra judicial, apoyada en el peso de una reducida composición tribunalicia de solo tres miembros —de los cuales dos firmaron el criterio mayoritario para cerrar la discusión sin tocar el fondo—, consolida un peligroso precedente de intromisión e interferencia. Se escuda el derecho en la frialdad procesal para convalidar, por la vía del hecho, la vigencia de un decreto desaprobado por la Cámara alta. Asistimos así a una clara distorsión del sistema republicano: lo que el voto ni los representantes de las provincias convalidaron en el Congreso, pretende imponerse mediante la firma de unos pocos magistrados alineados con el apuro oficialista.
Frente a este severo atropello que afecta la soberanía territorial y el equilibrio republicano, la Cámara de Diputados busca reaccionar. Legisladores de diversos bloques opositores han solicitado formalmente convocar a una sesión especial con el objetivo de dar la estocada final al megaDNU 70/23 y derogar de manera definitiva sus efectos. La sesión, programada para mediados de este mes, no solo buscará frenar el remate del suelo patrio, sino también restablecer el principio fundamental de que en una república democrática las leyes se debaten en el Parlamento y no se imponen desde la prepotencia de un decreto ni la complacencia de una minúscula Corte.