SOSPECHAS DE CORRUPCIÓN EN MILLONARIA PRIVATIZACIÓN: ASÍ SE DEJÓ AYSA EL "REY DEL CLORO"
El Gobierno adjudicó la privatización de la empresa de agua más grande del país a un consorcio donde aparece, otra vez, el proveedor histórico del propio organismo que se privatiza, y que habría incidido en el armado de los pliegos. La oposición denuncia subvaluación de activos y pide frenar la operación.
Hay una frase que resume mejor que ninguna otra lo que acaba de pasar con el agua de doce millones de argentinos: el mismo empresario que durante dieciséis años le vendió el insumo para potabilizarla, ahora pasó a ser dueño de la empresa que se lo compraba. El Gobierno nacional adjudicó esta semana la privatización de AySA, la operadora de agua y saneamiento más grande del país, al consorcio Rowing-Arcos-Transclor-PHX Aqua, que ofertó 340,2 millones de dólares y le ganó la pulseada a Roggio y Roas, que habían puesto 285 millones. Entre los socios del consorcio ganador aparece Mauricio Filiberti, conocido en el ambiente como "el Rey del Cloro", dueño de Transclor, proveedor del policloruro de aluminio que AySA usa para potabilizar el agua desde 2009.
De qué se trata la operación
AySA pasó a manos estatales en 2006, tras la salida del grupo francés Suez. Dos décadas después, el Gobierno de Javier Milei decidió reprivatizarla, con el argumento oficial de que la gestión pública representó, según el propio Ministerio de Economía, "un modelo de disfunción administrativa", y que el objetivo es correr al Estado del manejo operativo hacia un rol de regulación y control. El consorcio ganador deberá universalizar el servicio de agua y cloacas en los próximos 45 años en una zona que incluye la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios bonaerenses.
El problema: estar de los dos lados del mostrador
Lo llamativo no es solo que Filiberti haya ganado la licitación, sino el lugar desde el que llegó a competir por ella. Durante años fue el proveedor del Estado; ahora es, al mismo tiempo, comprador de ese mismo Estado y, eventualmente, su propio cliente. Esa dualidad no es un detalle menor en un contrato que involucra el servicio esencial de agua potable para millones de personas: el mismo actor que vendía el insumo pasa a controlar la demanda de ese insumo, con escaso margen para que un tercero audite si el precio que se pagará de ahora en más es razonable o conveniente para los propios intereses del nuevo dueño.
A eso se suma otro dato que organizaciones de la sociedad civil vienen marcando: Filiberti es socio de José Luis Manzano y Daniel Vila en Edenor, la mayor distribuidora eléctrica del país. Y AySA es, por el volumen de su operación, uno de los principales consumidores de electricidad de la región metropolitana. Es decir, el mismo grupo empresario queda de los dos lados del mostrador en dos servicios esenciales entrelazados: quien provee el agua también termina siendo, indirectamente, uno de sus principales clientes eléctricos.
La denuncia por falta de transparencia
Mientras se destapaba esta trama de vínculos cruzados, un grupo de legisladores opositores —los senadores Adán Bahl y Jorge Capitanich, junto a las diputadas Ana María Ianni y Florencia Carignano— presentó una denuncia ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas contra Diego Chaher, el funcionario de Luis Caputo que conduce el proceso de privatizaciones. El reclamo apunta a algo concreto: la licitación de AySA se hizo sin precio base, y la tasación de referencia utilizada para evaluar las ofertas permaneció reservada incluso para la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones, el organismo que el propio Congreso creó para controlar justamente este tipo de operaciones. Según los denunciantes, el Gobierno desplazó al Tribunal de Tasaciones de la Nación y declaró secretos, por resolución propia, todos los informes de valuación vinculados a las privatizaciones en curso.
A esto se suma un hallazgo de la Auditoría General de la Nación, que detectó inversiones no registradas en AySA por el equivalente a casi el 10% del monto ofertado por el consorcio ganador, lo que de confirmarse podría implicar que la empresa fue entregada con una subvaluación considerable de lo que realmente invirtió el Estado en infraestructura.
Una crisis económica que no da margen para opacidad
Todo esto ocurre en un contexto donde el propio Gobierno defiende la necesidad de desprenderse de empresas públicas para aliviar las cuentas fiscales, en medio de una recesión que ya golpea el empleo y el poder adquisitivo de la mayoría de los argentinos. Es exactamente en ese escenario de ajuste generalizado donde menos margen debería haber para que un proceso de venta de un bien tan estratégico como el agua se resuelva entre pocas manos, sin precio público y con denuncias de vínculos cruzados entre comprador y proveedor histórico.
Lo que sigue
Con la adjudicación ya realizada pero todavía sin firma definitiva, la Justicia tiene pendiente resolver una cautelar presentada por la Defensoría del Pueblo bonaerense, que podría complicar el cierre de la operación. La oposición, por su parte, prepara una presentación adicional que se conocería en las próximas horas. Mientras tanto, la pregunta de fondo sigue sin respuesta oficial: si el agua de millones de personas quedó, otra vez, en manos de quien ya la conocía desde el otro lado del negocio.