SAN MARTÍN, CON EL 13.84% DEL TERRITORIO RURAL EN MANOS FORÁNEAS, ESTÁ EN EL TOP DE LA EXTRANJERIZACIÓN MENDOCINA

Cuando se arma el mapa de la tierra rural mendocina en manos extranjeras, casi todas las miradas se dirigen al sur: Malargüe, con sus extensiones ganaderas y mineras, siempre encabeza la lista. Pero el segundo lugar lo ocupa un departamento que no suele aparecer en esa conversación: San Martín, corazón de la Zona Este, donde el 13,84% del territorio rural —unas 20.466 hectáreas— ya está en manos de propietarios extranjeros, apenas 1,2 puntos por debajo del límite legal del 15%.

La ley que puso un techo, y fuera derogada por decreto

Ese límite lo fijó la Ley 26.737, sancionada en 2011, que buscó evitar la concentración de tierra productiva, agua de riego y recursos estratégicos en manos de capitales foráneos, con un tope adicional para que una misma nacionalidad no superara el 30% de ese porcentaje. La norma estuvo plenamente vigente hasta diciembre de 2023, cuando el DNU 70/2023 de Javier Milei la derogó mediante su artículo 154. Una cautelar judicial mantuvo esa derogación en suspenso durante casi dos años, hasta que la semana pasada la Corte Suprema la dejó sin efecto por una cuestión procesal, sin expedirse sobre si el límite debe o no sostenerse. Hoy, el 15% sigue siendo la referencia con la que se mide el fenómeno, pero su validez legal quedó en una zona de incertidumbre que el Congreso buscará despejar en una sesión especial convocada para el 15 de octubre.

Por qué San Martín está tan cerca del límite

San Martín es, junto con Rivadavia, uno de los departamentos de mayor peso agrícola de la Zona Este, con una fuerte tradición vitivinícola y frutihortícola que depende en gran medida del sistema de riego de la cuenca del río Mendoza. Esa combinación de tierra productiva, agua disponible y escala relativamente accesible frente a otras regiones del país explica, en parte, por qué resultó atractivo para la inversión extranjera a lo largo de los años: a nivel provincial, Mendoza fue históricamente la jurisdicción donde más certificados de tierra se entregaron a titulares foráneos, la mayoría para proyectos vitivinícolas, con capitales estadounidenses, canadienses, brasileños y chilenos. No encontré un desglose público que identifique con precisión qué porcentaje de esas 20.466 hectáreas sanmartinianas corresponde a bodegas y cuál a otro tipo de explotación agrícola, un dato que ayudaría a entender mejor la composición de la cifra.

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El resto de la Zona Este, sin datos oficiales claros

A diferencia de San Martín, no logramos, durante nuestro relevamiento, confirmar porcentajes oficiales desagregados y actualizados para La Paz, Junín y Santa Rosa, en el caso de Rivadavia, hemos obtenido información parcial, que esperamos completar a la brevedad para poder acercarles un informe. En el caso de los 3 primeros departemamentos, su ausencia en los rankings más difundidos, sugiere niveles de extranjerización menores, pero sin una cifra oficial puntual no es posible afirmarlo con precisión.

Qué está en juego

El dato de San Martín no es menor para una región donde la tierra productiva y el agua de riego son, literalmente, la base de la economía local. A medida que ese 13,84% se acerca al techo legal, la pregunta que empieza a instalarse es qué ocurre si el departamento efectivamente lo alcanza, y con qué herramientas cuenta hoy el Estado para administrar esa situación en un contexto donde la propia ley que fija el límite atraviesa una discusión judicial y legislativa sin resolver. La definición que tome el Congreso en las próximas semanas sobre el futuro de la Ley de Tierras no solo se juega en el sur mendocino: San Martín, y con él buena parte de la Zona Este, tiene en este debate más en juego de lo que suele reconocerse.

Fuentes consultadas: El País, Chequeado, Registro Nacional de Tierras Rurales.