RUTAS ROTAS Y BOLSILLO EXPRIMIDO: JULIO COBOS EXIGE UNA INVESTIGACIÓN POR EL PAGO DUPLICADO Y LAS RUTAS QUE NO SE ARREGLAN
Julio Cobos le pidió al Fiscal de Estado que investigue si Mendoza sufrió un perjuicio patrimonial por la subejecución del 73,8% de los fondos viales nacionales, y denunció una posible malversación de fondos. Mientras tanto, los automovilistas siguen pagando el Impuesto a los Combustibles y, encima, cada vez más peajes, en rutas que la propia Vialidad Nacional reconoce en estado regular o malo.
Hay algo que no cierra, y en Mendoza ya lo empezamos a sentir cada vez que salimos a la ruta: pagamos un impuesto específico para que las carreteras estén en condiciones, pagamos peajes que suben cada dos por tres, y aun así seguimos esquivando pozos en la Ruta Nacional 7. El exgobernador Julio Cobos decidió llevar el reclamo a la Justicia y le pidió al Fiscal de Estado, Fernando Simón, que investigue si esa combinación le generó un daño patrimonial concreto a la provincia.
El trasfondo del pedido es contundente. Según una investigación del periodista Hugo Alconada Mon publicada en La Nación, entre 2024 y mayo de 2026 ingresaron al Sistema Vial Integrado (SisVial) —el fideicomiso que se nutre del Impuesto a los Combustibles Líquidos y que por ley debe destinarse a obras viales— más de $1,5 billones. De esa cifra, apenas $394.406 millones se aplicaron efectivamente a rutas: una ejecución del 26,2%, mientras que más de un billón de pesos quedó invertido en plazos fijos y títulos públicos. La confesión llegó, además, de la boca del propio vocero presidencial, que admitió el 10 de agosto que esos fondos se usaron para sostener el equilibrio fiscal.
El problema es que esta plata no es un capricho contable: los automovilistas la pagan cada vez que cargan combustible, con el argumento explícito de que se destina al mantenimiento vial. Y a esto se suma otra capa de cobro: mientras el Gobierno nacional avanza con la concesión de la Ruta Nacional 7 por 20 años —que empezará a mantenerse mediante peaje— y traspasó tramos de las rutas 40 y 143 a la Provincia bajo el mismo esquema de pago por uso, el Impuesto a los Combustibles sigue vigente sin ningún cambio. En los hechos, el mendocino que circula por esos corredores paga dos veces por el mismo servicio: una en el surtidor, y otra en la cabina de peaje.
El diagnóstico sobre el estado de las rutas no es una percepción aislada. Un informe de la Federación del Personal de Vialidad Nacional (Fepevina) sostiene que más del 60% de la red nacional está en estado regular o malo, con un "alto riesgo de siniestralidad vial", y calcula que cada siniestro le cuesta al país más de 62 mil dólares en promedio. El propio informe advierte que postergar el mantenimiento no ahorra plata: la obra pospuesta termina costando entre tres y cinco veces más cuando finalmente hay que hacerla.
En cuanto a las cifras de siniestros en la provincia, hay que ser honestos: los datos oficiales muestran una baja en la cantidad de víctimas fatales durante el primer semestre de 2026, atribuida principalmente al aumento de controles policiales. Pero eso no despeja la preocupación de fondo: los propios especialistas insisten en que el mal estado de la infraestructura sigue siendo un factor de riesgo que se suma a la imprudencia al volante, y el propio Gobierno nacional reconoció formalmente ante el Congreso que buena parte de las rutas mendocinas están en condiciones regulares o malas.
Con la Fiscalía de Estado ya notificada, la pregunta que empieza a circular en Mendoza es simple: si la plata para las rutas existe pero no se usa para eso, ¿Dónde va a parar el dinero.. y terminaremos pagando con peajes el dinero que se utiliza para otras cosas? La respuesta ya la sabemos, sólo que nos cuesta aceptarlo.