RUTA 7: EL GOBIERNO FORMALIZÓ LA CONCESIÓN POR 20 AÑOS Y LOS PEAJES YA SON UNA REALIDAD

La Ruta Nacional 7, uno de los principales corredores económicos de Mendoza y la conexión terrestre más importante con Chile, acaba de entrar formalmente en una nueva etapa. El Gobierno nacional adjudicó por 20 años la concesión del tramo mendocino a una Unión Transitoria de Empresas (UTE) integrada por Laugero Construcciones, Green y Corporación del Sur.

La decisión quedó oficializada mediante la Resolución 1379/2026 del Ministerio de Economía, firmada por Luis Caputo y publicada este lunes en el Boletín Oficial. Con esto, el proceso dejó atrás la instancia de preadjudicación y pasó a ser una concesión formal.

El tramo comprende unos 329 kilómetros, desde Desaguadero hasta Puente del Inca, atravesando buena parte de la provincia y llegando hasta uno de los puntos estratégicos del corredor internacional hacia Chile.

El esquema forma parte de la denominada Etapa III de la Red Federal de Concesiones, mediante la cual el Gobierno nacional adjudicó ocho corredores viales a operadores privados por un período de 20 años. En el caso de Mendoza, el financiamiento estará asociado al cobro de peajes.

Y acá aparece uno de los aspectos que seguramente más interesa a quienes utilizan la Ruta 7: cuánto va a costar transitarla.

La UTE mendocina fue seleccionada luego de presentar una oferta de $3.090,2462 sin IVA por cada 100 kilómetros para vehículos livianos. Es decir, unos $3.739 con impuestos tomando como referencia el cálculo difundido luego de la licitación. Fue la oferta más baja entre las propuestas que quedaron en competencia.

Pero hay una aclaración importante: ese valor es la tarifa ofertada en el proceso licitatorio y no necesariamente significa que ese será, exactamente, el importe que abonará cada automovilista en las estaciones de peaje. La implementación concreta del sistema y sus tarifas será uno de los puntos que habrá que seguir de cerca.

La concesión no se limita al cobro. El contrato contempla el mantenimiento integral del corredor y una serie de obras obligatorias. Entre ellas aparecen tareas de repavimentación, mejoras en la señalización, la reconstrucción del puente sobre el arroyo Uspallata y la construcción de una rotonda en la intersección de las rutas nacionales 7 y 149.

En términos generales, el argumento oficial es conocido: el Estado busca reducir su participación directa en la administración de las rutas y trasladar al sector privado la responsabilidad de invertir, mantener y explotar determinados corredores, recuperando esas inversiones mediante el sistema de peajes.

La discusión, sin embargo, recién comienza.

Porque para Mendoza la Ruta 7 no es una ruta más. Es el principal vínculo terrestre con Chile, una vía fundamental para el transporte de cargas, el turismo, el comercio exterior y buena parte de la actividad económica provincial. Su estado impacta directamente sobre empresas, transportistas y miles de personas que la utilizan diariamente.

Por eso, la verdadera evaluación de esta concesión no debería hacerse solamente mirando quién ganó la licitación o cuánto promete invertir.

Habrá que mirar cuánto se cobra, cuánto se invierte, qué obras se ejecutan, en qué plazos y con qué controles.

También será importante saber qué mecanismos tendrá Vialidad Nacional para exigir el cumplimiento de las obligaciones y qué ocurrirá si las inversiones comprometidas no avanzan al ritmo previsto.

La participación de empresas mendocinas puede ser vista como una oportunidad para que parte de la obra y del movimiento económico quede en la provincia. Pero tampoco debería convertirse en un cheque en blanco.

Después de años de deterioro y de reclamos por el estado de la Ruta 7, Mendoza necesita que las promesas se transformen en una ruta más segura, transitable y eficiente.

El Gobierno nacional ya tomó su decisión.

Ahora empieza la etapa en la que habrá que mirar los resultados.

Porque una Ruta 7 mejor sería una excelente noticia para Mendoza. Pero si los usuarios van a pagar por ella durante los próximos 20 años, también tendrán derecho a exigir que las obras y el mantenimiento estén a la altura de lo que se promete.

Fuentes consultadas: Boletín Oficial de la República Argentina, Ministerio de Economía de la Nación,