RÉGIMEN PENAL JUVENIL: MENDOZA PREVÉ UN AUMENTO DEL 30% EN LOS ADOLESCENTES ALCANZADOS POR EL SISTEMA

Mendoza se encuentra en la cuenta regresiva para la entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil, una reforma que modificará de manera significativa el tratamiento judicial de los adolescentes en conflicto con la ley penal. La Ley 27.801 comenzará a regir el 5 de septiembre de 2026 y alcanzará a las personas de entre 14 y 18 años que sean imputadas por delitos.

Uno de los principales cambios es la reducción de la edad de responsabilidad penal. Hasta ahora, el sistema penal juvenil argentino se aplicaba principalmente a adolescentes de entre 16 y 18 años bajo determinadas circunstancias. Con la nueva legislación, los jóvenes de 14 y 15 años también podrán quedar sometidos a un proceso penal juvenil.

En Mendoza, el impacto genera especial atención por la capacidad que tendrá la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil (DRPJ), conocida históricamente como exCOSE, para absorber la eventual ampliación de la población bajo intervención.

Según datos difundidos por la provincia, actualmente 47 adolescentes se encuentran privados de la libertad en dispositivos de la DRPJ. El Gobierno estima que, con la implementación progresiva del nuevo régimen, la cantidad de jóvenes alcanzados por el sistema podría incrementarse alrededor de un 30%. Es importante aclarar que se trata de una proyección y no de una cifra que ya se haya concretado.

La infraestructura disponible, según el Ejecutivo provincial, permitiría afrontar ese crecimiento. Desde el Gobierno señalaron que existen entre 80 y 85 plazas, frente a una población actual cercana a los 47 adolescentes, y remarcaron que durante los últimos años se realizaron obras de adecuación en las instalaciones.

El escenario también debe analizarse a partir de la cantidad de adolescentes que actualmente atraviesan distintas medidas dentro del sistema. Un relevamiento difundido en febrero contabilizó 416 jóvenes en conflicto con la ley penal en Mendoza. De ellos, 369 cumplían medidas alternativas a la privación de libertad y tres permanecían bajo dispositivos de restricción de libertad.

Los datos muestran además que la mayor parte de los casos se concentra en adolescentes cercanos a la mayoría de edad. En el período comprendido entre marzo de 2018 y diciembre de 2025 se registraron 322 adolescentes menores de 16 años vinculados a situaciones de conflicto con la ley penal: 62 tenían 13 años, 102 tenían 14 y 158 tenían 15.

La nueva normativa no establece que todos los adolescentes alcanzados terminen privados de su libertad. Por el contrario, contempla distintas medidas y establece que los institutos de detención deben orientarse hacia la educación, formación, resocialización y reinserción social. También dispone que los adolescentes permanezcan separados de las personas adultas privadas de libertad y que los establecimientos cuenten con personal especializado.

En paralelo, Mendoza avanza en la adecuación de su estructura. En junio, la provincia firmó un convenio de cooperación con el Ministerio de Justicia de la Nación que contempla capacitación, supervisores especializados y herramientas tecnológicas para el seguimiento de los casos. También se conformó una mesa técnica interdisciplinaria para avanzar en un proyecto de adecuación de la normativa provincial.

Así, mientras septiembre aparece como una fecha clave para la Justicia Penal Juvenil, Mendoza deberá demostrar en los próximos meses si la infraestructura, los equipos profesionales y los recursos disponibles están efectivamente preparados para afrontar la ampliación del universo de adolescentes alcanzados por la nueva legislación.

Fuentes consultadas: El Sol, Argentina.gob.ar, Boletín Oficial de la República Argentina