PROYECTO POR MALVINAS: ADVIERTEN SOBRE POSIBLES EFECTOS EN LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y EL PERIODISMO
La iniciativa de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional enviada por el Gobierno al Congreso incorpora nuevos delitos vinculados con la influencia extranjera y las campañas de desinformación. Organizaciones periodísticas y especialistas plantearon reparos sobre el alcance de algunos conceptos incluidos en el proyecto.
El Gobierno nacional presentó ante el Congreso el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, una iniciativa que tiene como uno de sus ejes la política argentina sobre las Islas Malvinas, pero que también propone modificaciones en materia de seguridad, defensa, inteligencia e influencia extranjera.
El proyecto contempla sanciones más severas frente a la explotación no autorizada de recursos naturales que la Argentina considera ilegítima en territorios reclamados como propios. Además, propone crear un Sistema de Seguridad Nacional y un Consejo de Seguridad Nacional encargado de coordinar distintas áreas del Estado frente a amenazas externas.
Sin embargo, uno de los puntos que generó cuestionamientos está relacionado con las nuevas figuras penales vinculadas con la desinformación y la manipulación de la opinión pública.
QUÉ ESTABLECE EL PROYECTO
Entre sus disposiciones, la iniciativa propone incorporar el artículo 225 bis al Código Penal. Según el texto difundido, se establecen penas de entre cinco y 12 años de prisión para determinadas actividades realizadas por cuenta, orden o financiamiento de un Estado, organización o agente extranjero cuando tengan como objetivo alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva.
El proyecto también contempla agravantes que pueden elevar las penas en determinadas circunstancias. La propuesta todavía debe ser analizada y debatida por el Congreso, por lo que su redacción podría sufrir modificaciones durante el tratamiento legislativo.
Desde el Gobierno, la iniciativa es presentada como una herramienta destinada a fortalecer la protección de la soberanía y las capacidades del Estado frente a amenazas externas. El Poder Ejecutivo señaló que el proyecto busca articular las áreas diplomáticas, económicas, de defensa, jurídicas y de inteligencia.
LAS ADVERTENCIAS SOBRE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) manifestó preocupación por el alcance de algunos artículos. La organización señaló que expresiones como “manipular la opinión pública” y “desinformación masiva” deberían contar con una delimitación más precisa para evitar interpretaciones amplias.
FOPEA sostuvo que una redacción poco específica podría generar incertidumbre sobre qué conductas quedarían alcanzadas y planteó que el texto debería proteger de manera clara el ejercicio legítimo del periodismo y la crítica política.
También constitucionalistas consultados por medios nacionales formularon reparos similares. Entre las cuestiones mencionadas aparecen el alcance de los conceptos utilizados y la posibilidad de que una norma de estas características termine afectando actividades vinculadas con la libertad de expresión. Estas son advertencias y evaluaciones de los especialistas, no una conclusión sobre la aplicación futura de la norma.
EL DEBATE POLÍTICO EN EL CONGRESO
El proyecto generó además posiciones diferentes entre los bloques legislativos. Algunos sectores cuestionaron que una iniciativa presentada alrededor de la cuestión Malvinas incluya modificaciones relacionadas con seguridad nacional, procesos electorales y desinformación. Desde el oficialismo, en cambio, se sostiene que las nuevas herramientas forman parte de una estrategia más amplia para enfrentar amenazas externas.
El debate legislativo será el ámbito en el que se analizará el alcance de estas disposiciones. Los diputados y senadores podrán discutir modificaciones, controles y límites a las facultades previstas antes de definir el contenido definitivo de la eventual ley.
Por el momento, el proyecto constituye una iniciativa del Poder Ejecutivo y no una ley vigente. Su tratamiento parlamentario determinará qué artículos permanecen, cuáles son modificados y qué alcance tendrán finalmente las nuevas figuras penales y las herramientas de seguridad propuestas.