PACTO PARENTAL: FAMILIAS MENDOCINAS ACUERDAN RETRASAR EL CELULAR HASTA LOS 13 Y LAS REDES SOCIALES HASTA LOS 16
La iniciativa surgió entre familias de Mendoza preocupadas por el uso cada vez más temprano de la tecnología. El acuerdo busca postergar el primer smartphone propio y retrasar el acceso a las redes sociales, con el objetivo de reducir la exposición digital durante la infancia.
Un grupo de familias mendocinas impulsa el Pacto Parental, una iniciativa comunitaria que propone establecer acuerdos entre adultos para retrasar el acceso de niños y adolescentes a los teléfonos celulares y las redes sociales.
El planteo establece como principales referencias que los chicos no tengan un smartphone propio antes de los 13 años y que el acceso a redes sociales se postergue hasta los 16. Se trata de un compromiso voluntario entre familias, sin carácter de ley ni imposición estatal.
La propuesta nació en el colegio San Nicolás, de Chacras de Coria, a partir de un grupo de padres de sexto grado. Lo que comenzó con alrededor de 20 familias rápidamente creció hasta reunir a unas 300 familias, que comenzaron a coordinar criterios comunes frente al uso de dispositivos.
Un acuerdo para evitar el aislamiento
Uno de los principales argumentos de los impulsores es que establecer límites de manera individual puede generar un problema para los chicos: aquel que no tiene celular puede quedar fuera de los grupos de comunicación de sus compañeros.
Por eso, el Pacto Parental propone que las familias establezcan un acuerdo colectivo. Según la iniciativa, cuando varias familias de un mismo grado, colegio o club adoptan las mismas pautas, disminuye la presión social sobre cada niño y se evita que la decisión de una sola familia termine aislándolo de sus pares.
El proyecto plantea además que retrasar el celular no significa solamente quitar un dispositivo, sino recuperar espacios para el juego presencial, las actividades al aire libre, la creatividad y el vínculo directo entre chicos.
La iniciativa también propone acompañar los límites con diálogo y presencia adulta, en lugar de basar el acuerdo exclusivamente en una prohibición.
La preocupación por el uso de las pantallas
El debate surge en un contexto en el que el celular ocupa un lugar cada vez mayor en la vida cotidiana de niños y adolescentes.
Datos difundidos por el Gobierno de Mendoza muestran que el 96,1% de las familias consultadas afirmó que sus hijos utilizan celular y que el 95% cuenta con un teléfono propio. Además, el 67,5% señaló que sus hijos comenzaron a utilizarlo entre los 10 y los 13 años.
El mismo relevamiento indicó que el 65,7% de las familias permite utilizar el celular antes de dormir, mientras que el 46,4% considera que sus hijos pierden horas de sueño por permanecer conectados. Entre los estudiantes, el 45% reconoció haber perdido horas de sueño por estar frente a una pantalla y el 59% dijo revisar el teléfono aunque no haya recibido una notificación.
Estos datos forman parte del contexto en el que distintas familias comenzaron a discutir nuevas formas de establecer límites sobre la tecnología.
El origen de la propuesta
Uno de los impulsores del Pacto Parental es Ignacio Castro, quien contó que la iniciativa surgió a partir de situaciones observadas dentro de su propia familia y del entorno escolar.
Según relató, el uso de WhatsApp y los grupos de chicos comenzó a generar dinámicas que podían terminar dejando a algunos niños afuera. La preocupación se profundizó cuando observó la cantidad de notificaciones que recibía uno de sus hijos: en un momento llegó a registrar alrededor de 150 notificaciones diarias.
A partir de esas experiencias, diferentes padres comenzaron a intercambiar preocupaciones y buscar una respuesta conjunta.
El proyecto también tomó como referencia el debate internacional sobre los efectos de la exposición temprana y excesiva a las pantallas y las redes sociales. Sus impulsores sostienen que los adultos deben asumir un papel activo en la regulación del uso tecnológico durante la infancia.
Una discusión que también llegó a la política
El debate sobre la edad de acceso a las redes sociales no quedó limitado a las familias.
Durante 2026 se presentó en la Legislatura de Mendoza un proyecto que propone establecer los 16 años como edad mínima para el registro y uso autónomo de redes sociales con algoritmos de recomendación, además de plantear mecanismos de verificación de edad y determinadas restricciones de diseño para cuentas de menores. El proyecto es una iniciativa legislativa y no equivale a una prohibición actualmente vigente.
El Pacto Parental, en cambio, funciona como un acuerdo voluntario entre familias y no necesita de una modificación legislativa para ser aplicado.
Una iniciativa que busca extenderse
El proyecto mendocino comenzó dentro de una comunidad educativa, pero posteriormente despertó interés en familias de otras provincias. La propuesta busca que los acuerdos puedan replicarse en otros colegios, clubes y grupos de padres que quieran establecer criterios comunes frente al uso de la tecnología.
La iniciativa plantea, en definitiva, que la discusión no pase solamente por cuánto tiempo utilizan el celular los chicos, sino también por cuándo reciben su primer dispositivo propio y cuándo comienzan a participar de las redes sociales.
Con el objetivo de reducir la presión social que muchas familias enfrentan al intentar establecer límites, el Pacto Parental propone trasladar la decisión del ámbito individual al colectivo: que sean los adultos quienes acuerden reglas comunes para acompañar a los niños durante una etapa cada vez más atravesada por la tecnología.