PÁNICO EN EL GOBIERNO: EL PAPA VA A VISITAR AL COTTOLENGO QUE LOS MILEI DEJARON SIN PLATA
León XIV recorrerá el 9 de noviembre la histórica institución de Claypole que alberga a más de 400 personas con discapacidad y que acumula meses sin cobrar del Estado nacional, pese a los fallos judiciales que ordenan regularizar los pagos
La confirmación de la agenda papal en la Argentina puso en alerta a un sector del oficialismo. Entre las paradas de León XIV para su visita de noviembre figura el Cottolengo Don Orione de Claypole, la institución religiosa que hace más de un siglo aloja a personas con discapacidad severa y que, en los últimos meses, se convirtió en símbolo de un problema que el Gobierno nacional prefiere no exhibir: el ajuste sobre el sistema de prestaciones para personas con discapacidad.
El dato no es menor. El Cottolengo, que alberga a más de 400 residentes, arrastra un faltante de medicamentos por 700 millones de pesos y no recibe pagos de prestaciones desde diciembre del año pasado. No es un caso aislado: otras sedes de la Pequeña Obra de la Divina Providencia, desde Los Polvorines hasta Tucumán, vienen denunciando desde marzo cortes de insumos, deudas para sostener sueldos y atrasos de PAMI e Incluir Salud de hasta cuatro meses. En algunos casos, fueron los gobiernos provinciales los que debieron salir a tapar el agujero que dejó la Nación.
El trasfondo tiene nombre y apellido legal: la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, sancionada en septiembre de 2025 para garantizar el financiamiento de las prestaciones que manda la Ley 24.901. El Poder Ejecutivo intentó frenar su aplicación invocando falta de partidas presupuestarias, hasta que un juzgado federal de Campana declaró inválida esa maniobra y fijó el 4 de febrero como fecha límite para su plena ejecución, bajo apercibimiento de multas a funcionarios del gabinete. El Gobierno reglamentó la ley por decreto, pero dejó una aclaración elocuente en el texto: que hacerlo no implicaba aceptar los fundamentos del fallo que lo obligó a actuar.
Meses después, en mayo, un juez federal de Córdoba volvió a fallar en contra del Estado nacional y ordenó a PAMI y al Ministerio de Salud "normalizar" los pagos por discapacidad, al considerar que el Poder Ejecutivo intentó "evadir o dilatar sus obligaciones constitucionales de protección integral". Para graficar el punto, el magistrado citó el caso del propio Cottolengo Don Orione, que debió afrontar una deuda de 41 millones de pesos en intereses ante ARCA por aportes impagos durante este año, producto de los atrasos estatales.
A ese cuadro se sumó, en las últimas semanas, el escándalo de la ANDIS: la salida forzada de Diego Spagnuolo por coimas, el procesamiento judicial que lo alcanzó, y el desplazamiento del secretario de Discapacidad, Alejandro Vilches, después de detectar un desfasaje de 150 mil millones de pesos en el organismo. La sombra llegó hasta Karina Milei y los Menem, señalados por la supuesta relación entre la ANDIS y una droguería. En paralelo, el Presupuesto 2027 que impulsan Milei y Caputo prevé un nuevo recorte al área, lo que ya generó un cruce público con Patricia Bullrich y roces con gobernadores.
En ese contexto llega el Papa a un lugar que, para buena parte del arco político y eclesiástico, funciona como una postal incómoda para el Gobierno. Desde la Casa Rosada, la respuesta fue tratar de correr el eje: un encuentro con Milei el 8 de noviembre y una batería de anuncios paralelos, mientras crece la inquietud por el rol que pueda tener el arzobispo porteño Jorge García Cuerva, uno de los críticos más frontales de la gestión libertaria.
Entre la Iglesia, la Justicia y los propios números del ajuste, el Gobierno llega a la visita papal con una cuenta pendiente que ningún operativo de prensa puede maquillar del todo.