NO ES NO: SIN CONSENSO, MILEI SE VE FORZADO POR SUS PROPIOS ALIADOS A DAR MARCHA ATRÁS EN LA REFORMA DE LA LEY DE TIERRAS
El Gobierno tuvo que sacar del proyecto de "propiedad privada" el capítulo que habilitaba la venta de tierras rurales a extranjeros, después de que gobernadores propios lo bajaran en el Senado. Sturzenegger, el ideólogo de la movida, quedó pagando los platos rotos. Ojo: no es que se cayó la idea, la "postergaron".
Otra vez la insistencia. Otra vez la marcha atrás. El Gobierno de Javier Milei tuvo que bajar, por ahora, el capítulo más polémico de su proyecto de "Inviolabilidad de la Propiedad Privada": el que le abría la puerta a capitales extranjeros para comprar hasta el 25% de las tierras rurales del país, sin los límites que hoy pone la Ley 26.737. Y no lo bajaron por convicción democrática ni por escuchar al pueblo: lo bajaron porque ni siquiera sus propios aliados les daban los votos en el Senado.
La foto es elocuente. Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario, tuvo que juntarse con los suyos y admitir que Tucumán, Catamarca, Salta y Neuquén —gobernadores que en general acompañan a la Casa Rosada— le bajaron el pulgar al artículo estrella de Federico Sturzenegger, el ministro que desde el día uno de la gestión viene atrás de este objetivo. De hecho, ya en el DNU 70/23 el propio Sturzenegger había derogado por decreto la Ley de Tierras Rurales, sin pasar por el Congreso. Este proyecto era, en el fondo, la vuelta oficial a intentar lo mismo, pero con ley.
Lo que casi nadie cuenta con esta claridad es a quién beneficia todo esto. No hablamos de un pequeño productor que quiere vender su chacra: hablamos de fondos, grupos con poder de lobby y jugadores globales interesados en activos estratégicos como el agua, la energía y la producción de alimentos. En un contexto de creciente apetito internacional por tierras productivas —sobre todo desde países que ya se quedaron sin margen agrícola propio—, sacar los topes no es "modernizar la propiedad privada": es entregar en bandeja un recurso que no se recupera.
Y ojo con el argumento de que "en todo el mundo se puede comprar tierra libremente". Es falso. Canadá impone controles provinciales estrictos a inversores extranjeros. Estados Unidos directamente prohíbe la extranjerización en zonas de frontera y está evaluando ampliar esas restricciones. Australia y Nueva Zelanda aplican "tests de beneficio nacional": toda inversión extranjera relevante debe demostrar que le sirve al país antes de aprobarse. Brasil limita la compra a extranjeros al 25% del área rural por municipio. China ni siquiera permite que un extranjero sea dueño de tierra agrícola. Y Paraguay —al que Milei elogia como modelo— prohíbe por ley que extranjeros compren tierra a menos de 50 kilómetros de sus fronteras. Es decir: el mundo que el Gobierno pone como espejo es, en los hechos, mucho más restrictivo que la propia ley argentina de 2011 que quieren voltear.
La resistencia no fue solo de gobernadores. Hasta la vicepresidenta Victoria Villarruel —enfrentada abiertamente con Milei— salió a cruzar la extranjerización sin topes en sus redes. Hubo marcha convocada frente al Congreso. Y todo esto en medio del clima post Mundial 2026, con la sociedad todavía cantando por Malvinas: la sensibilidad sobre soberanía territorial estaba a flor de piel, y el oficialismo igual quiso avanzar.
El comunicado oficial, eso sí, fue clarísimo en dejar la puerta abierta: hablan de "postergación", no de eliminación, y prometen "seguir trabajando" el capítulo para volver con más consenso. Traducido: por ahora no pudieron, pero no se van a rendir. Mientras tanto, el jueves el Senado avanza con el resto del proyecto: reforma de expropiaciones, desalojos exprés y cambios al Registro de la Propiedad. La discusión de fondo, la de quién se queda con la tierra argentina, sigue latente.
Fuentes: Bloomberg Línea, La Gaceta, Canal 26, WSC Legal