MILEI SOBREACTÚA LA CAUSA MALVINAS Y EL REINO UNIDO LE RESPONDE: LA PREOCUPANTE ESCALADA DE UN GOBIERNO NECESITADO
Tras la cadena nacional del jueves, la Cancillería habría sancionado a 45 empresas y personas vinculadas a la explotación petrolera en las islas. Londres respondió que sus Fuerzas Armadas están en alerta permanente. La escalada preocupa tanto por sus riesgos diplomáticos como por el historial de contradicciones del propio Presidente en la materia
Hasta hace apenas dos años, Javier Milei sostenía una posición totalmente distinta a la que exhibió esta semana. En enero de 2024, en el Foro de Davos, calificó de excelente y cordial su encuentro con el entonces canciller británico David Cameron, quien viajó luego a las islas a reafirmar el respaldo de Londres a los isleños. Su excanciller Diana Mondino había declarado en 2023 que debían respetarse los deseos de los habitantes del archipiélago, una postura que buena parte de la oposición equiparó con la tesis británica de autodeterminación. Y en abril de 2025, el propio Milei había dicho que esperaba que los malvinenses decidieran algún día "votarnos con los pies". Ese historial hace que el giro de esta semana resulte, cuanto menos, llamativo.
La Ley Pino Solanas, protagonista silenciosa
Lo que el Gobierno presentó como una ofensiva inédita se apoya, en rigor, en una herramienta que existe desde hace 15 años. La Ley 26.659, sancionada en 2011 durante el primer mandato de Cristina Fernández de Kirchner y conocida como "Ley Pino Solanas" en homenaje al cineasta y exsenador que la impulsó, prohíbe la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin autorización nacional, y alcanza también a accionistas, directivos y proveedores de las empresas infractoras. Bajo esa norma ya habían sido sancionadas Rockhopper Exploration, en 2013, y Navitas Petroleum, en 2022. Lo novedoso del anuncio de Milei fue un decreto —el 868/2026— que traspasa la autoridad de aplicación a la Cancillería y acelera los plazos del procedimiento sumarial. Resulta, cuanto menos, paradójico que un gobierno que hizo de la crítica al kirchnerismo su bandera fundacional recurra ahora, y con tanto énfasis, a una ley de ese origen.
El discurso de ayer y la escalada de hoy
El jueves por la noche, en una cadena nacional de 15 minutos, Milei anunció sanciones más severas contra las petroleras, la construcción de una base naval en Tierra del Fuego y un Consejo de Seguridad Nacional. También definió a los isleños como una "población implantada en un territorio usurpado", negándoles todo derecho a la autodeterminación. Menos de 24 horas después, la Cancillería argentina ya había abierto sumarios contra 45 personas y empresas, y el canciller Pablo Quirno confirmó que otras 180 compañías fueron notificadas de la nueva política. La respuesta de Londres no tardó: el Gabinete del primer ministro Andy Burnham advirtió que sus Fuerzas Armadas están en alerta las 24 horas para proteger sus intereses, mientras que el ministro de Defensa británico, Wes Streeting, fue más filoso al sostener que el mensaje presidencial habló más de la política interna argentina que de las islas.
Esa lectura británica es difícil de descartar. El anuncio llega en medio de una caída sostenida de la imagen de Milei, agravada desde marzo por el escándalo $LIBRA y los cuestionamientos al entorno presidencial. Cuando un gobierno acelera de golpe una causa que había tratado con tibieza durante dos años, y lo hace justo cuando la aprobación popular se derrumba, la sospecha de oportunismo se vuelve inevitable.
Lo preocupante no es la firmeza en sí —Malvinas es, en efecto, una causa nacional que trasciende gobiernos—, sino la sobreactuación: escalar en simultáneo lo diplomático, lo militar y lo administrativo, contra los ingleses, pudiendo ser funcionales a ellos, en un giro poco evaluado y menos pensado, y sobre todo carente de convicción real. Vemos cómo se toman medidas demagógicas, sin una estrategia de largo plazo visible detrás, cuando hasta hace apenas un par de semanas atrás se confrontó por Malvinas con los jugadores de la selección por una bandera, y contra los propios hinchas argentinos, mientras que se llevaban ya 2 años no sólo sin aplicar la legislación vigente para sancionar esas empresas, si no con un cumulo de gestos para alentar el avance de esas inversiones.
Las petroleras Navitas y Rockhopper ya avisaron que no modificarán el cronograma del proyecto Sea Lion pese a las sanciones, lo que deja al Gobierno en la incómoda posición de haber elevado el tono sin capacidad real de torcer los hechos en el terreno. Si la política de Estado que se proclama no está acompañada de coherencia y previsibilidad, corre el riesgo de quedar como un capítulo más, ruidoso pero pasajero, en la larga historia del reclamo argentino.