MILEI, MALVINAS Y UN GIRO DISCURSIVO DONDE ASOMA UNA DUDOSA CONVICCIÓN TARDÍA

El presidente Javier Milei encabezó este jueves una cadena nacional de 15 minutos sobre la causa Malvinas, acompañado por todo su Gabinete, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la senadora Patricia Bullrich. Allí anunció un decreto para establecer sanciones contra empresas que operan en las islas sin autorización argentina, la construcción de una base naval integrada en Tierra del Fuego y la creación de un Consejo de Seguridad Nacional con facultades transversales sobre Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía.

Lo que el discurso presentó como una ofensiva inédita, sin embargo, se apoya en una herramienta legal que existe desde hace 15 años. Se trata de la Ley 26.659, sancionada por unanimidad el 16 de marzo de 2011 durante el primer mandato de Cristina Fernández de Kirchner y conocida popularmente como "Ley Pino Solanas", en homenaje al cineasta y exsenador que la impulsó. La norma ya prohibía la exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina sin autorización nacional, alcanzando también a accionistas, directores y proveedores de las empresas infractoras, con penas que pueden llegar a los 15 años de prisión. Bajo ese marco ya habían sido declaradas "clandestinas" diez compañías.

Lo que anunció Milei fue, en rigor, fue una suerte de complementariedad de aquella ley peronista: el Decreto 868/2026, publicado al día siguiente en el Boletín Oficial, traspasa la autoridad de aplicación de la Secretaría de Energía a la Cancillería y exige a las empresas que ingresen al RIGI una declaración jurada de cumplimiento. A la vez, envió al Congreso un proyecto para ampliar el alcance de la norma y crear el Consejo de Seguridad Nacional. El disparador inmediato fue el proyecto Sea Lion, de las firmas Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, que prevé iniciar la explotación offshore en los próximos meses.

El punto más señalado del discurso fue otro: Milei sostuvo que los isleños, al ser "una población implantada en un territorio usurpado", carecen de un derecho legítimo a la autodeterminación. Se trata de una definición inédita en su gestión que contradice los antecedentes de sus propios dichos. En enero de 2024, en Davos, calificó de excelente y cordial su encuentro con el entonces canciller británico David Cameron, quien viajó luego a Malvinas a reafirmar el apoyo de Londres a los isleños. Su excanciller Diana Mondino había dicho en 2023 que debían respetarse los deseos de los habitantes de las islas, y en abril de 2025 el propio Milei había anhelado que los malvinenses decidieran "votarnos con los pies", una fórmula cercana a la tesis británica de autodeterminación.

El escenario político no es menor. El anuncio llega en medio de una caída sostenida de la imagen presidencial: encuestas de CEOP, Analogías y Solmoirago registraron en septiembre nuevas bajas en la aprobación de Milei, en un desgaste agravado desde marzo por el caso $LIBRA y los escándalos que rodean al vocero Manuel Adorni. El propio diario La Nación tituló su análisis "Un giro calculado hacia una causa nacional" y advirtió que el anuncio busca imponer una pausa en el debate público justo cuando arrecian las críticas a la gestión económica. No puede ignorarse tampoco el clima social previo: la bandera "Las Malvinas son argentinas" que la Selección desplegó tras vencer a Inglaterra en el Mundial 2026 reinstaló la causa antes que cualquier cálculo oficial.

Malvinas exige coherencia y no un uso circunstancial atado a la coyuntura política, más aún cuando el propio gobierno recurre a una ley que supo cuestionar por su origen kirchnerista. Ojalá este giro sea el comienzo de una política de Estado sostenida en el tiempo, y no un capítulo más que se diluya apenas cambie el humor de las encuestas.