MIENTRAS EL ESTADO MENDOCINO PIDE AUSTERIDAD, LE ADJUDICÓ A CLARO UN CONTRATO DE $781 MILLONES POR 2.300 CELULARES OFICIALES

El Gobierno de Mendoza oficializó, a través del Decreto N° 1416, la adjudicación del servicio de telefonía celular y datos móviles para toda la administración pública provincial a AMX Argentina S.A. (Claro), dejando afuera a Telecom Argentina (Personal Tech), la otra empresa que se había presentado al proceso. En total son 2.460 líneas: 1.388 de voz, SMS y datos —con paquetes de entre 7 y 40 GB según el plan— y 1.072 exclusivamente de datos móviles, con roaming internacional incluido.

El primer dato que llama la atención es el costo final. Cuando el Ejecutivo autorizó el llamado a licitación en abril, mediante el Decreto N° 672, el monto estimado era de $540.000.000 para 24 meses de servicio. Sin embargo, al momento de adjudicar, ese número quedó corto: el Gobierno tuvo que ampliar la autorización de gasto en $241,6 millones adicionales, llevando el total a $781.611.311. Es decir, el contrato terminó costando un 45% más de lo previsto originalmente, una diferencia que no es menor en momentos en que la propia administración provincial repite, mes tras mes, que las cuentas públicas están ajustadas al límite.

Y ahí aparece la contradicción que vale la pena señalar. Apenas en enero de este año, el propio Gobierno de Cornejo había publicado el Decreto N° 2974, un paquete de austeridad que restringía específicamente el uso de celulares oficiales: según esa norma, solo el gobernador, ministros, secretarios, subsecretarios y directores podrían acceder a estos dispositivos, y quienes tuvieran uno sin autorización debían devolverlo en 30 días o afrontar el descuento del gasto de su propio sueldo. El mensaje de entonces era claro: cada peso cuenta. Sin embargo, meses después, el Estado provincial termina comprometiendo más de $780 millones para sostener casi 2.500 líneas, muchas de ellas no asignadas a funcionarios sino a oficinas y reparticiones públicas que emplean el celular como medio de trabajo.

El contraste se vuelve todavía más evidente si se lo mira junto a lo que viene ocurriendo con los salarios estatales. Durante 2026, distintos gremios —SUTE, ATE, AMPROS— vienen reclamando la reapertura de paritarias, señalando que la inflación acumulada del año ya superó ampliamente los aumentos otorgados a los trabajadores públicos. Para el segundo semestre, el propio Ejecutivo ofreció incrementos del 7% en agosto y 4% en noviembre, ambos no acumulativos, muy por debajo de cualquier proyección inflacionaria seria. Mientras tanto, hace apenas unas semanas trascendió que el sueldo del propio gobernador y de los funcionarios cuyos haberes están atados al suyo había aumentado un 40%, pasando de $4,7 a $6,6 millones mensuales.

Nada de esto implica necesariamente una irregularidad en el proceso licitatorio en sí: se presentaron dos oferentes, hubo competencia formal y el contrato se ajustó a los mecanismos de Compr.ar. Pero el conjunto de decisiones —austeridad selectiva para algunos, salarios contenidos por debajo de la inflación para los trabajadores de base, y flexibilidad de sobra quereto cuando se trata de contratos como este— vuelve a instalar la pregunta de siempre: ¿a quién termina alcanzando realmente el ajuste, y a quién no?