MENDOZA PRESENTÓ SU ADAPTACIÓN AL NUEVO RÉGIMEN PENAL JUVENIL: QUÉ CAMBIA DESDE SEPTIEMBRE
El Gobierno provincial presentó en la Legislatura el proyecto que adapta la normativa mendocina a la Ley Nacional 27.801, que comenzará a regir el 5 de septiembre y permitirá que adolescentes desde los 14 años queden alcanzados por el sistema de responsabilidad penal juvenil.
Mendoza dio este martes un nuevo paso para adaptar su sistema judicial a la entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil. La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, presentó ante la Legislatura el proyecto elaborado por el Ejecutivo provincial para adecuar la normativa mendocina a la Ley Nacional 27.801, que comenzará a aplicarse desde el próximo 5 de septiembre.
La reforma nacional establece que los adolescentes de entre 14 y 18 años podrán quedar sujetos al régimen penal juvenil por delitos cometidos a partir de su entrada en vigencia. En Mendoza, el objetivo es adaptar el procedimiento provincial y ordenar el funcionamiento de los organismos que deberán intervenir ante este nuevo escenario.
QUÉ PASARÁ CON LOS ADOLESCENTES DE 14 A 16 AÑOS
Uno de los principales cambios será la incorporación al sistema penal de una franja etaria que hasta ahora no era punible bajo el régimen vigente.
Según explicó Rus, desde los 14 años los adolescentes serán abordados bajo un esquema similar al que actualmente se utiliza con los jóvenes de 16 a 18 años. En caso de una aprehensión, la Policía deberá intervenir para identificar al adolescente y ponerlo a disposición de las autoridades correspondientes.
Sin embargo, desde el Gobierno remarcan que la privación de la libertad no será la respuesta automática. La intención es que las medidas alternativas tengan un papel central y que el encierro quede reservado para los casos de mayor gravedad.
CUÁNTOS JÓVENES PODRÍAN TERMINAR PRIVADOS DE SU LIBERTAD
El Ejecutivo mendocino estima que entre el 8% y el 10% de los adolescentes de 14 a 16 años que ingresen al sistema podrían recibir una pena privativa de la libertad.
Actualmente, poco más de 500 jóvenes forman parte del circuito de la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil, conocida como ex COSE. De ese universo, 46 tuvieron durante el año pasado una medida que implicó privación de la libertad.
Los datos oficiales utilizados por la Provincia también muestran que los adolescentes que pasarán a ser alcanzados por la nueva normativa tienen participación en aproximadamente el 9% de los robos y el 22% de las lesiones registrados.
Desde Seguridad sostienen que no existe una participación significativa de esta franja en delitos extremadamente graves y descartan, por el momento, un escenario de sobrepoblación derivado exclusivamente de hechos violentos.
SEPARACIÓN POR EDADES Y MÁS INFRAESTRUCTURA
Uno de los puntos centrales de la adaptación será evitar que los adolescentes de 14 y 15 años compartan las mismas condiciones de encierro que los jóvenes de mayor edad.
El Gobierno aseguró que esta nueva franja tendrá condiciones diferenciadas y que la infraestructura existente permitiría absorber el incremento previsto, aunque reconoció que será necesario fortalecer algunos espacios.
Además, la provincia ya cuenta con un Fuero Penal Juvenil especializado y con dispositivos destinados tanto a medidas alternativas como a la privación de la libertad. El Poder Judicial mendocino señala que actualmente el fuero interviene en causas vinculadas con adolescentes punibles y cuenta con una estructura especializada.
REINSERCIÓN COMO EJE DEL NUEVO SISTEMA
El proyecto presentado por Mendoza busca que las sanciones tengan también un componente socioeducativo. La intención oficial es que las medidas permitan cortar los circuitos delictivos y favorecer la reinserción social.
En esa línea, la Nación y Mendoza ya habían firmado un convenio de cooperación que contempla capacitación de operadores, intercambio de supervisores especializados y herramientas tecnológicas para mejorar el seguimiento de los adolescentes.
El proyecto comenzará ahora su recorrido legislativo. El oficialismo pretende que sea tratado con rapidez debido a la cercanía de la entrada en vigencia de la normativa nacional, prevista para el 5 de septiembre.
Así, Mendoza se prepara para uno de los cambios más importantes de los últimos años en materia de justicia juvenil: una ampliación del universo de adolescentes alcanzados por el sistema, pero con la premisa oficial de que la prisión sea el último recurso y que la reinserción tenga un lugar central.
Fuentes consultadas: El Sol, Los Andes, Poder Judicial de Mendoza