LAS PETROLERAS DE MALVINAS DESAFÍAN A MILEI: DICEN QUE LAS SANCIONES NO FRENARÁN EL PROYECTO SEA LION
Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration aseguraron que el endurecimiento de sanciones anunciado por el Gobierno argentino no modificará los plazos de explotación petrolera en el norte del archipiélago. Sus acciones cayeron en las bolsas de Londres y Tel Aviv tras el discurso presidencial
El jueves por la noche, el presidente Javier Milei encabezó una cadena nacional en la que anunció un paquete de medidas para reforzar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas. Entre los anuncios, calificó al proyecto petrolero Sea Lion como un peligro para los intereses nacionales y confirmó la firma de un decreto para acelerar las sanciones contra empresas que exploten hidrocarburos en la zona sin autorización argentina.
Al día siguiente, el Gobierno publicó en el Boletín Oficial el Decreto 868/2026, que designa a la Cancillería como nueva autoridad de aplicación de la Ley 26.659 y establece un procedimiento sumarial más ágil: cinco días hábiles para que los organismos nacionales informen posibles infracciones, diez días para que la empresa investigada presente su descargo, y otros diez para que la autoridad resuelva archivar el caso o aplicar sanciones.
La respuesta de las petroleras
Horas después, Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration —socias en el desarrollo de Sea Lion, un yacimiento ubicado a 220 kilómetros al norte de las islas— emitieron un comunicado conjunto en el que restaron impacto al anuncio presidencial. Sostuvieron que no esperan que los hechos recientes generen un efecto material sobre el desarrollo del proyecto, incluido el cronograma previsto. Las compañías remarcaron además que operan bajo licencias que consideran válidas, otorgadas por el gobierno de las islas, y que cuentan con el respaldo del Reino Unido.
La posición choca con la del Gobierno argentino, que considera ilegítima cualquier autorización concedida unilateralmente por la administración isleña, en tanto existe una disputa de soberanía reconocida por las Naciones Unidas. La Cancillería ya había rechazado formalmente, en diciembre de 2025, la decisión final de inversión anunciada por ambas compañías, y recordó que tanto Rockhopper como Navitas fueron sancionadas y declaradas clandestinas en años anteriores: la primera en 2012 y 2013, con una inhabilitación de 20 años para operar en el país, y la segunda en 2022.
Impacto en los mercados
Pese al tono de tranquilidad del comunicado empresarial, la reacción inicial de los mercados fue negativa. Las acciones de Rockhopper, que cotiza en el mercado AIM de Londres, llegaron a caer más del 10% durante la jornada del viernes, aunque luego recortaron la baja a alrededor del 6,5%. En la Bolsa de Tel Aviv, los papeles de Navitas retrocedieron hasta 4,5% antes de moderar la caída a un 2,3%. También se vieron afectadas otras compañías vinculadas a la exploración en la zona, como Borders & Southern Petroleum, que llegó a perder cerca del 15% pese a no participar directamente en Sea Lion.
El proyecto en cifras
Sea Lion es operado por Navitas Petroleum, con sede en Israel, que controla el 65% del proyecto, mientras que la británica Rockhopper Exploration mantiene el 35% restante. Las empresas tomaron la decisión final de inversión a fines de 2025 y proyectan comenzar la producción comercial de petróleo en marzo de 2028, con una primera fase de once pozos submarinos conectados a una unidad flotante de producción. Se estima que el yacimiento contiene unos 1.700 millones de barriles de petróleo, aunque solo una fracción sería recuperable. La administración de las islas prevé cobrar una regalía del 9% sobre los ingresos.
En paralelo a la ofensiva administrativa, distintas organizaciones ya habían presentado una demanda judicial para frenar las obras, al considerar que el proyecto avanza sin la evaluación de impacto ambiental exigida por la legislación argentina. Milei también anticipó el envío al Congreso de un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que buscaría ampliar las sanciones a proveedores y otras actividades vinculadas a los recursos naturales de las islas.
Por ahora, el conflicto queda planteado en dos frentes paralelos: el diplomático y administrativo, que impulsa el Gobierno argentino, y el operativo, en el que las petroleras sostienen que continuarán con el cronograma tal como estaba previsto.