LA JUSTICIA SANCIONA AL GOBIERNO CON MULTAS DIARIAS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA LEY DE FINANCIAMIENTO UNIVERSITARIO
El juez Martín Cormick fijó astreintes de $100.000 por día al jefe de Gabinete, en vísperas de la quinta Marcha Federal Universitaria. La cautelar incumplida quedó firme en la Corte Suprema en junio.
Tras meses de disputa judicial, la ley de Financiamiento Universitario tiene su primera sanción económica por falta de cumplimiento. El juez federal Martín Cormick impuso este miércoles una multa de $100.000 diarios al jefe de Gabinete, Diego Santilli, por el "incumplimiento verificado" de la medida cautelar que ordena actualizar los salarios docentes y no docentes y las becas estudiantiles, según los parámetros de la norma.
La historia de esa ley es la de una norma que el Congreso sancionó y ratificó, y que el Ejecutivo promulgó pero condicionó. Mediante el decreto 759/2025, el Gobierno subordinó su ejecución a que se identificaran los recursos para financiarla. El 6 de octubre, Cormick declaró inconstitucional esa cláusula. La cautelar que ahora se hace valer con multas había sido dictada a fines del año pasado, confirmada por la Cámara Federal y dejada firme por la Corte Suprema en junio.
La sanción llegó después de dos advertencias previas, la última a fines de septiembre, y tras un pedido del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que informó al juez que el plazo había vencido sin cumplimiento. El magistrado dispuso que la multa recaiga sobre la Jefatura de Gabinete, por sus atribuciones en la administración general del país. Aclaró además que el monto y los funcionarios alcanzados podrán modificarse si la desobediencia continúa. El presidente del CIN, Franco Bartolacci, valoró que la responsabilidad se haya individualizado en una autoridad concreta y no en un Estado abstracto.
El Ejecutivo apeló. Argumentó que la resolución le impone una carga económica indeterminada que compromete las cuentas públicas y que la recomposición exigida no tiene partidas en la Ley de Presupuesto. Sostuvo, además, que entre diciembre de 2023 y mediados de 2026 los haberes del sector acumularon un aumento de 226,80%. Durante el proceso, estimó que cumplir la ley costaría más de un billón de pesos. Cormick concedió la apelación y elevó el expediente a la Cámara, pero la multa sigue vigente.
El contraste entre una sanción de $100.000 por día y un costo calculado en más de un billón explica por qué, por ahora, la multa se lee más como una señal que como un incentivo económico. También deja al Gobierno en una posición singular: la de discutir en los tribunales una ley que ya fue sancionada, ratificada por el Congreso y respaldada por la Corte en la etapa cautelar.
Hay otro antecedente que complica el panorama. En junio, el Gobierno, el CIN y los gremios firmaron acuerdos salariales y compromisos presupuestarios, fechados el 10 de ese mes, cuyo cumplimiento reclaman hoy las universidades. En su fallo sobre el decreto, Cormick consideró que no supera "un test mínimo de razonabilidad". A eso se suma la preocupación del sistema por el presupuesto universitario de 2027.
El conflicto vuelve a la calle este jueves 15 de octubre con la quinta Marcha Federal Universitaria. En Mendoza, la convocatoria es a las 15 en el ingreso al campus de la UNCuyo, desde donde la columna recorrerá el circuito universitario y la ciudad hasta la Plaza Independencia, donde está previsto un acto de cierre cerca de las 17. Será la primera marcha encabezada por la rectora Adriana García, quien invitó a toda la sociedad a acompañar el reclamo. Se espera la adhesión de gremios, agrupaciones estudiantiles, jubilados y sectores de la salud y la discapacidad.
Ahora será la Cámara la que deba resolver la apelación. Mientras tanto, la cautelar sigue en pie y la multa corre día tras día. Queda abierta la pregunta de si una sanción individual alcanzará para que se aplique una ley que el Congreso aprobó, la Justicia confirmó y las universidades siguen esperando que se cumpla.