JUDICIALES LLEVARON A LA CORTE SUPREMA SU RECLAMO SALARIAL CONTRA EL GOBIERNO DE CORNEJO

La disputa salarial entre un sector del Poder Judicial de Mendoza y el Gobierno provincial llegó a una nueva instancia. La Asociación de Funcionarios Judiciales de Mendoza (AFJM) recurrió directamente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación luego de que la Suprema Corte mendocina rechazara su reclamo por presunta discriminación salarial.

El conflicto está centrado principalmente en el adicional 3.422, un concepto salarial creado en 2007 que originalmente tenía el mismo porcentaje para los distintos trabajadores comprendidos dentro del escalafón general del Poder Judicial.

Según la presentación del gremio, con el paso de los años ese adicional tuvo una evolución diferente entre los empleados judiciales y el personal jerarquizado. Mientras los primeros lograron incrementos en el porcentaje del adicional, los funcionarios sostienen que su porcentaje quedó congelado.

EL RECLAMO POR EL ADICIONAL 3.422

El adicional nació con un valor equivalente al 10% de las remuneraciones normales y habituales. Su objetivo inicial era compensar el deterioro de los salarios producido por la inflación.

La situación comenzó a modificarse a partir de la separación de las negociaciones paritarias entre empleados y funcionarios judiciales. Los empleados consiguieron llevar el adicional primero al 11,5% y posteriormente al 13%, mientras que el sector representado por la Asociación de Funcionarios Judiciales sostiene que quedó relegado.

El gremio reclama que el adicional sea equiparado al 13% y que se reconozcan las diferencias salariales correspondientes al período comprendido entre 2021 y 2023.

Además, la entidad cuestiona la forma en que se desarrollaron algunas negociaciones salariales. Según su planteo, el Gobierno habría intentado condicionar la actualización del adicional 3.422 a la modificación o renuncia de otro concepto salarial exclusivo de los funcionarios judiciales.

Desde la organización calificaron esa situación como una práctica desleal y como una afectación de la libertad sindical.

QUÉ HABÍA RESUELTO LA JUSTICIA DE MENDOZA

El reclamo ya había sido analizado por la Suprema Corte de Justicia de Mendoza.

En mayo de 2026, el máximo tribunal provincial rechazó la acción procesal administrativa presentada por la Asociación de Funcionarios Judiciales contra el Gobierno provincial. La sentencia fue firmada por los ministros Omar Palermo, Mario Adaro y José Valerio.

El tribunal sostuvo que correspondía rechazar la demanda y dispuso que las costas fueran impuestas en el orden causado.

Ante esa decisión, la organización sindical intentó llevar el expediente a la Corte Suprema de la Nación mediante un recurso extraordinario. Sin embargo, el máximo tribunal mendocino rechazó en septiembre el envío de la causa al considerar que la discusión estaba vinculada con cuestiones de derecho público y negociaciones paritarias de carácter local.

Frente a esa negativa, la Asociación de Funcionarios Judiciales presentó ahora un recurso de queja por extraordinario denegado ante la Corte Suprema nacional.

QUÉ LE PIDEN A LA CORTE SUPREMA

El gremio sostiene que existe una violación del principio de igualdad porque trabajadores que pertenecen al mismo ámbito del Poder Judicial terminaron recibiendo un tratamiento diferente respecto del adicional.

También argumenta que se afectó la libertad sindical a partir de la existencia de negociaciones diferenciadas y que la situación terminó provocando un achatamiento de la pirámide salarial, al reducirse la diferencia entre las remuneraciones de empleados y funcionarios con distintas responsabilidades.

Otro de los puntos centrales es el pedido de reconocimiento colectivo de las diferencias salariales correspondientes a 2021, 2022 y 2023, sin que cada integrante del sector deba iniciar un reclamo individual.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación deberá determinar ahora si acepta intervenir en el expediente. Si el máximo tribunal admite el planteo, podrá avanzar sobre los argumentos presentados por la organización sindical y analizar si corresponde revisar la sentencia dictada en Mendoza.

El conflicto se suma a una relación que durante los últimos años tuvo distintos episodios entre los gremios judiciales y el Ejecutivo provincial, incluidos reclamos salariales, negociaciones paritarias y medidas de fuerza. En septiembre de 2026, por ejemplo, el Gobierno mendocino otorgó por decreto un incremento salarial a empleados judiciales luego de que no se alcanzara un acuerdo en la negociación paritaria.

Por ahora, el expediente queda en manos de la Justicia nacional y será la Corte Suprema la que tenga la última palabra sobre la posibilidad de revisar el reclamo.

Fuentes consultadas: 

Suprema Corte de Justicia de Mendoza