El Departamento General de Irrigación dispuso la clausura del punto de descarga de efluentes que el frigorífico San Javier S.A. utilizaba hacia el ducto del canal Pescara, en el distrito de Luzuriaga, Maipú. La medida fue acompañada por una multa de $13.020.000, luego de constatar reiterados incumplimientos en el tratamiento de los residuos líquidos generados por la actividad industrial.
La sanción quedó establecida mediante la Resolución N.º 657/26, emitida tras inspecciones técnicas y análisis de laboratorio que determinaron que los efluentes no cumplían con los parámetros de calidad exigidos por la normativa ambiental vigente. Según informó Irrigación, la empresa había recibido apercibimientos y sanciones previas, pero no realizó las adecuaciones necesarias para corregir la situación.
Como consecuencia, personal técnico del organismo procedió al sellado permanente del punto de vuelco, impidiendo que los residuos líquidos continúen descargándose al sistema de riego. Sin embargo, la resolución no implica el cierre del establecimiento: el frigorífico podrá seguir desarrollando sus actividades productivas siempre que no realice vertidos al canal.
San Javier S.A. se dedica al faenamiento y conservación en frío de carne vacuna, una actividad que genera efluentes con alta carga orgánica y microbiológica. Cuando estos residuos no reciben un tratamiento adecuado, pueden afectar la calidad del agua destinada al riego agrícola, generar contaminación ambiental y comprometer los distintos usos del recurso hídrico aguas abajo.
Para recuperar la autorización de descarga, la empresa deberá presentar un plan técnico integral que garantice un tratamiento eficiente de sus residuos conforme a las exigencias ambientales. Recién cuando ese proyecto sea evaluado y aprobado por Irrigación podrá solicitar la rehabilitación del punto de vuelco.
Desde el organismo provincial señalaron que la medida forma parte de un plan permanente de fiscalización sobre los establecimientos que descargan efluentes en el sistema Pescara. Además, advirtieron que continuarán aplicando multas, clausuras e incluso cierres preventivos a todas las empresas que incumplan la normativa destinada a proteger la calidad del agua en Mendoza.
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