HABLEMOS DE CASTA: CORNEJO REUBICÓ A 20 EX LEGISLADORES EN EL ESTADO Y EL SILENCIO OFICIALISTA SE VUELVE CÓMPLICE

Mientras la provincia ajusta cuentas y pide sacrificios, el gobernador multiplicó cargos a medida para dirigentes de su propio espacio. La Justicia tampoco escapa a los vínculos familiares. Y buena parte de la prensa afín mira para otro lado.

Hay un patrón que se repite con la puntualidad de un reloj suizo: cada vez que un legislador de Cambia Mendoza pierde su banca, el Estado le encuentra un lugar. No es una excepción, ni dos, ni tres. Son veinte. Veinte dirigentes radicales que dejaron sus cargos el 30 de abril y que, sin excepción, terminaron reacomodados en algún rincón de la administración provincial.

El mecanismo es prolijo. Marcelo Diumenjo y Flavia Dalmau fueron designados asesores del Ministerio de Gobierno mediante un decreto que creó dos cargos Clase 075 a su exacta medida. Días después, otro decreto suprimió un puesto existente y creó uno nuevo, Clase 076, para sentar a Ángela Floridia como directora de Gestión de Recursos Humanos, en el mismo ministerio del que ella misma, además, es apoderada electoral de Cambia Mendoza. Giuliana Díaz aterrizó como asesora en Deportes. Gisela Valdez, al frente del Espacio Contemporáneo de Arte. Mariana Zlobec, coordinando Juntas de Educación. Fernanda Sabadín, asesorando en Energía y Ambiente. Jorge López, en el directorio del EMOP. Carlos Sala, como asesor de la Gobernación. El resto encontró refugio en bancas renovadas, concejalías o cargos de carrera que tenían reservados por ley. Nadie quedó afuera. Todos, absolutamente todos, resolvieron su "problema" laboral con fondos del Estado.

Ángela Floridia, Marcelo Diumenjo y Flavia Dalmau. Tres de los primero nombramientos del Gobierno de Cornejo

El costo no es un detalle menor. Para designar a Floridia, el Gobierno tuvo que reasignar partidas presupuestarias por más de 56 millones de pesos. Para crear los cargos de Diumenjo y Dalmau, tuvo que exceptuar restricciones vigentes en la planta de personal. En criollo: se modifica el Presupuesto, se estiran las reglas, se inventan funciones, y todo para que ningún amigo del poder se quede sin sueldo. Mientras tanto, la misma administración que encuentra recursos para esto reclama austeridad a los estatales de a pie.

El caso no termina en la política. También la Justicia mendocina exhibe sus propios lazos de sangre y de pareja. En abril, el Senado aprobó dos pliegos para sendas Salas Unipersonales en las Cámaras del Trabajo: uno para Andrea Rus, hermana de la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus; otro para Anabel Molina, ex esposa de Marcelo D'Agostino, subsecretario de Justicia y miembro del Consejo de la Magistratura, el organismo que precisamente evalúa a los aspirantes a jueces. El vínculo familiar con quienes deciden estas designaciones debería, como mínimo, generar preguntas.

Y aquí aparece la otra cara incómoda de esta historia: el silencio. Salvo excepciones puntuales que se animaron a nombrar la maniobra con todas las letras, buena parte de la prensa mendocina prefirió mirar para otro lado, cuando no directamente celebrar cada designación como si fuera una noticia de gestión. Cuando el poder reparte cargos a dedo y una porción significativa de los medios calla, la connivencia deja de ser una sospecha para convertirse en un dato de la realidad cotidiana.

La pregunta que debería incomodar a cualquier mendocino no es si estos nombramientos son legales, si no: ¿hasta cuándo el Estado provincial seguirá funcionando como una bolsa de trabajo para la propia tropa, mientras el resto de la sociedad ajusta el cinturón? Por ahora, nadie en el oficialismo parece dispuesto a responderla. Y buena parte de la prensa, tampoco a hacerla.

Imagen ilustrativa del artículo generada con IA.