EMERGENCIA EN DISCAPACIDAD: QUÉ SE DISCUTE EN EL CONGRESO Y POR QUÉ PREOCUPA LA CONTINUIDAD DE TERAPIAS Y TRASLADOS
Diputados avanza con el tratamiento de la prórroga de la emergencia en discapacidad, mientras prestadores, familias y profesionales advierten por el atraso de los aranceles, las demoras en los pagos y las dificultades para sostener terapias, transporte y otros servicios esenciales.
La continuidad de las prestaciones para personas con discapacidad vuelve a estar en el centro de la agenda del Congreso. La Cámara de Diputados fijó un cronograma para discutir la prórroga de la emergencia nacional en discapacidad, vigente hasta el 31 de diciembre de 2026, en medio de reclamos por el desfasaje entre los aranceles establecidos por el sistema y los costos que deben afrontar los prestadores.
El debate tomó impulso el 9 de septiembre, cuando Diputados aprobó el emplazamiento de las comisiones para que comiencen a analizar los proyectos vinculados con la extensión de la emergencia. La Comisión de Discapacidad y la Comisión de Presupuesto y Hacienda tienen previsto reunirse el 16 de septiembre y continuar el 23, fecha establecida para avanzar hacia un dictamen.
La iniciativa que se encuentra bajo análisis apunta a extender la emergencia durante 2027. El objetivo es evitar que, una vez vencido el plazo actual, quede sin efecto el marco excepcional que establece medidas de financiamiento y actualización para el sistema de prestaciones.
La Ley 27.793, sancionada en 2025, declaró la emergencia nacional en discapacidad hasta diciembre de 2026 y estableció distintas medidas para fortalecer a los prestadores, actualizar los aranceles del sistema de prestaciones básicas y garantizar el financiamiento de programas vinculados con discapacidad. La norma también contempló mecanismos para regularizar deudas y compensar parte del atraso acumulado en los valores de las prestaciones.
El Gobierno reglamentó la ley en febrero de 2026 mediante el Decreto 84/2026. Sin embargo, el conflicto por los valores de las prestaciones y los tiempos de pago continúa siendo uno de los principales puntos de discusión.
EL PROBLEMA DE LOS ARANCELES Y LOS PAGOS
El sistema funciona a partir de un nomenclador que establece los valores de referencia para prestaciones como terapias, tratamientos, educación especial, transporte y otros servicios. El reclamo de los prestadores se concentra en que las actualizaciones no acompañaron de manera suficiente la evolución de los costos.
A esto se suma otro problema: los pagos pueden concretarse entre 30 y 90 días después de que se brinda una prestación. Los centros, profesionales y transportistas deben afrontar previamente salarios, combustible, alquileres, insumos y otros gastos, por lo que las demoras generan dificultades para mantener sus estructuras.
En agosto, el Gobierno oficializó una actualización del 2,10% para los aranceles correspondientes a ese mes. El incremento se calculó tomando como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor de julio. Para los prestadores, sin embargo, la discusión continúa centrada en el atraso acumulado y no solamente en las actualizaciones mensuales.
QUÉ PUEDE PASAR CON LAS TERAPIAS Y LOS TRASLADOS
El conflicto tiene un impacto directo sobre las familias. Las personas que necesitan tratamientos de manera permanente pueden depender de sesiones de kinesiología, fonoaudiología, terapia ocupacional, psicología, acompañamiento terapéutico u otras prestaciones.
El transporte también ocupa un lugar central. Para muchas personas, los traslados son indispensables para concurrir a centros de rehabilitación, escuelas especiales, hospitales o espacios terapéuticos. Si los transportistas no pueden sostener el servicio debido a los costos y los retrasos en los pagos, la dificultad económica puede transformarse en un problema de acceso efectivo a la atención.
También se registran reclamos relacionados con autorizaciones, medicamentos, insumos y elementos de apoyo, como sillas de ruedas.
El debate legislativo, por lo tanto, no se limita a definir si la emergencia continúa o no. También implica discutir cómo se financia el sistema, cómo se actualizan los valores y de qué manera se garantiza que las prestaciones puedan mantenerse en el tiempo.
El Congreso deberá avanzar ahora sobre una definición que puede impactar en instituciones, profesionales, transportistas y familias de todo el país. Mientras tanto, el sector espera que la discusión parlamentaria permita reducir la incertidumbre antes del vencimiento de la emergencia previsto para diciembre de 2026.