EL TESORO PERDIDO: LA AGN CONFIRMÓ UN QUEBRANTO DE U$S 1.000 MILLONES PARA ARGENTINA CON LA IRREGULAR TRANSFERENCIA DEL ORO AL EXTERIOR
El organismo de control reveló que la maniobra con derivados financieros respaldados por el metal patrio arrojó un quebranto multimillonario. Mientras las reservas salieron del país entre gallos y medianoche bajo un hermetismo insostenible, la falta de transparencia gubernamental transforma un grave error de cálculo en una afrenta directa al deber de informar.
Durante meses, el destino del oro de los argentinos fue tratado por el Poder Ejecutivo como un secreto de Estado propio de una novela de espionaje. Ante cada pedido de informes, cada pregunta periodística y cada reclamo social sobre los camiones blindados que trasladaban lingotes rumbo a jurisdicciones extranjeras, la respuesta oficial fue el silencio, la evasiva o el desdén técnico. Hoy, el velo de opacidad finalmente cayó. Y lo que apareció debajo no es la brillante estrategia patrimonial que prometían, sino un agujero negro de más de 1.000 millones de dólares.
El dictamen de la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre los estados contables del Banco Central (BCRA) fue lapidario. El organismo multilateral de control confirmó que las operaciones financieras especulativas con derivados —respaldadas por las reservas físicas de oro sacadas del país— arrojaron una pérdida neta de 1.023 millones de dólares. Según detalló la propia titularidad de la AGN, desde que se auditan los balances del Central jamás se había registrado un quebranto de semejante magnitud por arriesgar las reservas de metal precioso. Erraron el cálculo en la trayectoria internacional del activo y la aventura financiera la pagamos todos en divisas contantes y sonantes.
Lo verdaderamente alarmante no es solo la torpeza técnica de la conducción económica, sino el patrón de conducta institucional. Sacar el patrimonio estratégico de la Nación hacia plazas del exterior bajo un hermetismo absoluto invalida cualquier principio de gobernanza republicana. En un sistema democrático saludable, la administración de los activos públicos exige rendición de cuentas en tiempo real, no explicaciones tardías cuando el daño patrimonial ya es un hecho consumado en los libros contables.
El Gobierno intentó defenderse argumentando que la revalorización internacional del metal atenuó el impacto. Sin embargo, ese intento de confundir ganancia contable por precio de mercado con pérdida operativa real evidencia una preocupante falta de apego a la verdad. Una cosa es que el oro que ya poseía el país valga más en el mercado mundial; otra muy distinta es haber dilapidado 1.000 millones de dólares del patrimonio nacional en contratos de opciones que salieron mal.
La ciudadanía no solo enfrenta hoy un costo económico sideral; enfrenta la certeza de un Gobierno que considera que el patrimonio colectivo puede ser gestionado como si fuera una mesa de dinero privada, a espaldas del Congreso y de la sociedad. La falta de transparencia no es un descuido comunicacional: es una decisión política deliberada para eludir el control de los actos de gobierno.
Cuando los funcionarios públicos vulneran de forma sistemática el deber de informar, la confianza ciudadana se quiebra de manera irreversible. El traslado del oro y su posterior quebranto no pueden quedar archivados en un cruce de comunicados. Se exige la apertura inmediata de los expedientes, la publicidad de los contratos firmados en el exterior y la determinación clara de las responsabilidades políticas y penales de quienes decidieron apostar —y perder— el tesoro de todos los argentinos.
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