EL GOBIERNO APELARÁ EL FALLO QUE LO OBLIGA A CUMPLIR LA LEY DE FINANCIAMIENTO UNIVERSITARIO
La Justicia declaró inconstitucional el decreto con el que el Ejecutivo había frenado la aplicación de la norma y ordenó cumplirla de manera inmediata. El Gobierno anticipó que apelará mientras universidades y gremios preparan una nueva Marcha Federal para el 15 de octubre.
El conflicto entre el Gobierno nacional y las universidades públicas sumó un nuevo capítulo judicial. El Ejecutivo anticipó que apelará el fallo que ordenó aplicar de manera inmediata la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente, una norma que había sido aprobada por el Congreso y que el oficialismo intentó frenar mediante un decreto.
La resolución fue dictada por el juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11. El magistrado hizo lugar al amparo colectivo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Universidad de Buenos Aires (UBA) y otras instituciones y dejó sin efecto el tramo del Decreto 759/2025 utilizado para suspender la aplicación de la ley.
EL GOBIERNO YA ANTICIPÓ QUE APELARÁ
La respuesta del Ejecutivo fue inmediata. Según informó Sitio Andino, un funcionario de primera línea confirmó que el Gobierno apelará la decisión judicial.
La administración de Javier Milei sostiene que el cumplimiento de la ley genera un impacto sobre las cuentas públicas y mantiene como prioridad el equilibrio fiscal. De acuerdo con el cálculo citado por Sitio Andino, la Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que el costo de la norma equivale aproximadamente al 0,23% del Producto Bruto Interno.
El Ejecutivo había argumentado previamente que la ley establecía actualizaciones presupuestarias y salariales sin determinar de manera suficiente las partidas de las que surgirían los recursos.
Sin embargo, el juez Cormick consideró que el Gobierno contaba con herramientas para realizar las reasignaciones necesarias y cuestionó que el decreto pudiera utilizarse para suspender la aplicación de una ley que había sido ratificada por el Congreso.
QUÉ ORDENÓ LA JUSTICIA
El fallo establece el cumplimiento inmediato de la Ley de Financiamiento Universitario y alcanza aspectos vinculados con los fondos para las universidades, los salarios docentes y no docentes y las becas estudiantiles.
La decisión se suma a un recorrido judicial que comenzó meses atrás y que ya había llegado hasta la Corte Suprema.
Los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795 habían quedado incluidos en una medida cautelar que ordenaba actualizar salarios y becas. Esa medida fue apelada por el Gobierno, pero la Corte Suprema dejó firme la resolución en junio de 2026 al rechazar el recurso extraordinario del Ejecutivo.
Ahora, con el nuevo fallo de Cormick, la Justicia volvió a exigir una aplicación integral de la norma.
EL CONFLICTO POR LOS SALARIOS
Uno de los puntos centrales de la disputa es la situación salarial de docentes y no docentes universitarios.
Según las estimaciones citadas por medios nacionales, la aplicación de la ley implicaría una recomposición salarial cercana al 33%. El reclamo se mantiene desde hace meses y fue uno de los principales motivos de las medidas de fuerza impulsadas por los sindicatos universitarios.
El Gobierno, por su parte, sostiene que ya tomó medidas para recomponer parcialmente los ingresos del sector. Sin embargo, las organizaciones gremiales consideran que esos aumentos no alcanzan para cumplir con lo establecido por la ley.
La tensión volvió a crecer durante septiembre, cuando los gremios rechazaron una propuesta de aumento del 3% y anunciaron nuevas medidas de fuerza.
TAMBIÉN ESTÁ EN JUEGO EL PRESUPUESTO UNIVERSITARIO
La discusión no se limita a los salarios. Otro de los ejes es el presupuesto destinado al funcionamiento de las universidades nacionales.
El proyecto de Presupuesto 2027 presentado por el Gobierno contempla alrededor de $7,3 billones para el funcionamiento de las universidades. Los rectores sostienen que, para cumplir con las pautas establecidas por la ley, serían necesarios unos $11 billones, una diferencia cercana al 50%.
El debate también incluye partidas destinadas a hospitales universitarios, programas científicos, becas y otros gastos vinculados con el funcionamiento de las casas de altos estudios.
La Ley 27.795 tiene como objetivo garantizar el sostenimiento del financiamiento de la educación universitaria pública en todo el país y establece mecanismos relacionados con el presupuesto y la recomposición salarial. La norma fue sancionada en 2025 después de que el Congreso insistiera con su aprobación pese al veto presidencial.
UNA NUEVA MARCHA FEDERAL
Mientras el Gobierno prepara su apelación, las universidades y los sindicatos mantienen la convocatoria a una nueva movilización nacional.
La Marcha Federal Universitaria está prevista para el 15 de octubre y tendrá como eje el reclamo por el cumplimiento de la ley y la defensa del financiamiento de las universidades públicas.
De esta manera, el conflicto continuará simultáneamente en dos frentes: el judicial, donde el Ejecutivo buscará revertir el fallo, y el político y gremial, donde las universidades y los sindicatos intentarán aumentar la presión para que la norma sea aplicada.
Por ahora, la disputa por el financiamiento universitario sigue lejos de resolverse y vuelve a colocar al Gobierno de Milei frente a una decisión judicial que le exige avanzar con una ley que el Ejecutivo considera incompatible con su estrategia de equilibrio fiscal.
Fuentes consultadas:
Argentina.gob.ar y Boletín Oficial de la República Argentina.