EFECTO MENDOZA: NACIÓN FORMALIZÓ EL COBRO DE LA SALUD A EXTRANJEROS NO RESIDENTES Y LA PROVINCIA YA LO APLICA
El Gobierno nacional reglamentó el procedimiento para cobrar las prestaciones médicas a extranjeros que no tengan residencia en Argentina. En Mendoza, el sistema ya funciona desde 2024 y contempla el arancelamiento de las atenciones que no sean de urgencia. Qué cambia y quiénes deberán pagar.
El Gobierno nacional formalizó el mecanismo mediante el cual los hospitales nacionales podrán cobrar por determinadas prestaciones médicas a extranjeros no residentes, una medida que vuelve a poner el foco sobre una política que Mendoza ya aplica desde hace más de dos años.
La reglamentación establece que los extranjeros que residen en Argentina mantienen el acceso al sistema público en las mismas condiciones que los ciudadanos argentinos, mientras que quienes se encuentran en el país como no residentes deberán afrontar el costo de determinadas prestaciones que no sean consideradas de urgencia.
MENDOZA SE ADELANTÓ
En Mendoza, el cobro a extranjeros no residentes comenzó a implementarse en agosto de 2024. La provincia estableció un sistema para recuperar los costos de las prestaciones realizadas en hospitales públicos a personas extranjeras que no cuentan con residencia permanente.
La medida alcanzó a personas extranjeras en tránsito y a quienes poseen determinadas categorías de residencia que no les otorgan las mismas condiciones que un residente permanente.
De esta manera, la decisión nacional no representa para Mendoza un cambio de fondo en el funcionamiento del sistema provincial, sino que formaliza a nivel nacional un criterio que la provincia ya venía aplicando.
LAS URGENCIAS NO SE COBRAN
Uno de los puntos más importantes de la nueva normativa es que el arancelamiento no significa que una persona extranjera pueda quedar sin atención frente a una emergencia.
La legislación migratoria establece que, ante una situación de emergencia, no puede negarse ni restringirse la atención sanitaria a un extranjero independientemente de su situación migratoria.
El cobro se vincula con las prestaciones que no sean consideradas urgentes y con aquellos casos en los que corresponda recuperar el costo de la atención.
¿QUIÉNES SIGUEN TENIENDO ATENCIÓN GRATUITA?
La normativa nacional establece una diferencia importante entre las distintas situaciones migratorias.
Los extranjeros con residencia permanente mantienen el acceso al sistema público de salud en igualdad de condiciones con los argentinos. También se mantiene la atención de emergencia para cualquier extranjero, independientemente de su situación migratoria.
El nuevo esquema apunta principalmente a quienes ingresan al país como no residentes y requieren prestaciones que no constituyan una emergencia.
EL ARGUMENTO: RECUPERAR COSTOS
Desde los gobiernos que implementaron esta política, uno de los principales argumentos es la necesidad de evitar que los sistemas provinciales y nacionales absorban gastos generados por personas que no tienen residencia en el país.
Mendoza fue una de las primeras provincias en avanzar con este mecanismo. Salta, Jujuy y Santa Cruz también implementaron sistemas de arancelamiento para determinados extranjeros no residentes.
En Salta, por ejemplo, las autoridades informaron una fuerte reducción de la demanda de pacientes extranjeros luego de comenzar a cobrar determinadas prestaciones.
UNA MEDIDA QUE GENERA DEBATE
El cambio vuelve a abrir una discusión que lleva varios años: ¿debe la salud pública ser completamente gratuita para cualquier persona que se encuentre temporalmente en Argentina o corresponde que quienes no residen en el país paguen por prestaciones que no sean de urgencia?
Quienes defienden el arancelamiento sostienen que permite proteger los recursos destinados a los residentes y evitar que los hospitales públicos absorban costos adicionales.
Quienes cuestionan la medida advierten sobre el riesgo de establecer barreras económicas para el acceso a la salud y remarcan que la atención sanitaria constituye un derecho fundamental.
Por ahora, la Nación avanza con la reglamentación de un sistema que en Mendoza ya es una realidad desde 2024.
La principal diferencia es que ahora el criterio deja de ser exclusivamente provincial y pasa a tener un marco operativo a nivel nacional para los hospitales que dependen del Estado nacional.