DE OBRA SOCIAL SUPERAVITARIA A DEUDA MULTIMILLONARIA: NACIÓN SE HARÁ CARGO DEL PASIVO DE IOSFA PARA DISIPAR LA SOMBRA DE CORRUPCIÓN
El Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas cerró 2023 con superávit y hoy arrastra un pasivo que supera los 200 mil millones de pesos, mientras el Tesoro Nacional deberá absorber la deuda. En el medio, contratos millonarios con la Suizo Argentina, la misma droguería señalada en la causa por sobornos que involucra a funcionarios de máxima confianza de Javier Milei.
El Ministerio de Seguridad confirmó en las últimas horas que será el Tesoro de la Nación el que se haga cargo de la deuda heredada por el disuelto Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA), bajo el argumento de que se trata de una obligación "del Estado con el Estado". La cifra que maneja la estructura conducida por Carlos Presti asciende a 241 mil millones de pesos, de los cuales 160 mil millones corresponderían a las fuerzas de seguridad. El entorno de la ministra Alejandra Monteoliva, sin embargo, relativiza esos números y sostiene que todavía no existen datos exactos.
Lo que no admite discusión es el contraste temporal. Según reconoció el propio Ministerio de Defensa en documentos oficiales, IOSFA cerró diciembre de 2023 —el último mes de la gestión anterior— con un superávit de 25 mil millones de pesos. En apenas dos años bajo la conducción de Luis Petri, la obra social que asiste a más de 600 mil afiliados militares y de fuerzas de seguridad pasó de ese resultado positivo a acumular un rojo que, según distintas reconstrucciones periodísticas, ya superaría los 200 mil millones de pesos.
En ese deterioro acelerado aparece un nombre que empieza a resultar familiar en la crónica de la corrupción reciente: la droguería Suizo Argentina, de la familia Kovalivker. Se trata de la misma empresa que está en el centro de la causa judicial que investiga el fiscal federal Franco Picardi y que instruye el juez Sebastián Casanello, a raíz de los audios del exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, donde se describe un presunto esquema de retornos por la compra de medicamentos que, según las grabaciones, habría alcanzado incluso a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
Mientras esa causa avanzaba, IOSFA le adjudicó a Suizo Argentina contratos por más de 11 mil millones de pesos solo entre 2024, incluyendo partidas millonarias para tratamientos oncológicos, medicamentos de alto costo, patologías reumatológicas y diabetes. El patrón no fue exclusivo de la obra social militar: según reveló Ámbito Financiero, en poco más de año y medio de gestión libertaria, la droguería sumó contrataciones superiores a los 100 mil millones de pesos entre los ministerios de Salud, Seguridad, Defensa, PAMI e IOSFA. Incluso después de que estallara el escándalo de los audios, la empresa continuó apareciendo en el sistema de compras del Estado, apenas 89 días después de haber sido apartada.
El resultado de esa combinación —contratos crecientes con un proveedor bajo sospecha judicial y una administración que licuó en tiempo récord un superávit heredado— terminó de la peor manera posible para los afiliados: recorte de prestaciones, hospitales militares desabastecidos y, en al menos un caso extremo documentado en San Juan, la muerte de un suboficial retirado que denunciaba falta de cobertura. Ahora, con la deuda transferida al Tesoro, será otra vez la ciudadanía la que termine pagando la factura de una gestión que, además de deficitaria, arrastra sospechas de haber beneficiado sistemáticamente a una empresa señalada por la Justicia.
Un entramado de confianza política, con sello mendocino
Un dato que agrega gravedad al caso es que los tres presidentes que pasaron por IOSFA durante el desmoronamiento financiero de la obra social fueron, los tres, dirigentes mendocinos designados directamente por Luis Petri, todos provenientes de su espacio político "Mendocinos por el Futuro". Primero fue Oscar Sagás, extitular de Salud mendocino, quien recibió la entidad con el superávit de 25 mil millones de pesos y renunció tras pedir un préstamo de 14 mil millones que nunca se devolvió. Lo sucedió Roberto Fiochi, contador sanrafaelino y excandidato a intendente en la lista de Petri, quien profundizó el rojo con otro crédito impago de 42 mil millones antes de dimitir "por motivos personales". Cerró el círculo la contadora Betina Surballe, también mendocina, quien apenas duró seis meses al frente del organismo. Consultado sobre los acuerdos con Suizo Argentina, el propio Fiochi reconoció públicamente que la droguería era proveedora de la obra social "hace muchos años", una frase que en el actual contexto judicial adquiere un peso distinto. La sucesión de funcionarios de estricta confianza política del ministro, todos con el mismo resultado financiero adverso, alimenta las sospechas de que el vaciamiento de IOSFA no fue solamente un problema de gestión, sino también de decisiones tomadas puertas adentro de un círculo reducido y leal, mientras la Justicia investiga si parte de esos fondos terminó nutriendo el mismo circuito de retornos que hoy salpica a la cúpula del Gobierno nacional.
Fuente: La Política Online, Ámbito Financiero, Perfil