ANDIS, UN AÑO DESPUÉS DE LOS AUDIOS: SPAGNUOLO SIGUE LIBRE, EL "3% PARA KARINA" SIN RESPUESTAS Y UNA JUSTICIA QUE MIRA PARA OTRO LADO
Piden detener al exdirector de Discapacidad tras nuevos informes sobre sobreprecios y pagos duplicados. Mientras el Gobierno avanza con recortes en el sector, la causa acumula demoras y reabre el debate sobre la doctrina Irurzun.
A más de un año de que se filtraran los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, el abogado Gregorio Dalbón pidió al juez federal Ariel Lijo la detención inmediata del exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad. Invoca nuevos informes sobre sobreprecios, pagos duplicados y productos distintos de los adjudicados. El planteo llega días después de que la Cámara Federal confirmara su procesamiento y reabre una pregunta incómoda: por qué la Justicia tardó tanto y con qué criterio decide quién espera el juicio en libertad.
La causa nació con grabaciones en las que se oye a quien sería Spagnuolo describir un supuesto circuito de retornos de las droguerías. Según esos audios, parte del dinero llegaba a la Presidencia: "A Karina le llega el 3%", dice el escrito de Dalbón. Su autenticidad todavía está siendo peritada, y según lo informado, Karina Milei no está imputada.
El juez Sebastián Casanello dictó los procesamientos en febrero. El martes 22, la Sala II de la Cámara Federal, con los jueces Farah y Boico, confirmó los de Spagnuolo y otras 18 personas. Spagnuolo, Garbellini, Calvete y Atchabahian fueron procesados como jefes de una asociación ilícita. La investigación secuestró más de un millón de dólares en efectivo.
Los nuevos informes
Los datos que cita Dalbón son contundentes: $425 millones pagados por un sistema de válvulas que el PAMI había adjudicado meses antes por $124,2 millones, diferencias de hasta 711% en insumos y un implante coclear pagado a casi cuatro veces el valor de referencia. También menciona una factura abonada dos veces por $28,7 millones cada una y brechas de hasta 4239% en productos ortopédicos.
El otro lado: los recortes
El escándalo golpea sobre un sector que el Gobierno intenta ajustar. El Presupuesto 2027 prevé una quita cercana al 25% real en las pensiones no contributivas y requisitos más duros para nuevos beneficiarios. El propio secretario de Discapacidad, Alejandro Vilches, renunció tras detectar un faltante de más de $150.000 millones en la agencia durante la gestión de Spagnuolo. En paralelo, la interna oficialista se agudizó por el rechazo de Karina Milei y Martín Menem a parte del ajuste que impulsaba Luis Caputo.
La demora y las dos varas
Pasaron doce meses entre los audios y una confirmación de procesamientos. La causa está ahora en manos de Lijo, cuyo historial también genera reparos: un informe de mayo señalaba que había elevado a juicio apenas el 15% de las causas recibidas y que las pericias de voz esperaban desde hacía ocho meses.
Además, el contraste con otros casos resulta difícil de ignorar. En 2017, la doctrina Irurzun permitió detener a exfuncionarios como Julio De Vido, Carlos Zannini o Héctor Timerman, y a empresarios como Cristóbal López. Argumentaba que sus "lazos de poder" bastaban para presumir entorpecimiento, incluso sin pruebas concretas de que lo hubieran intentado. Fue muy cuestionada por su arbitrariedad y perdió fuerza desde 2019.
Pero el punto no es defenderla, sino la selectividad. Spagnuolo lidera, según la Justicia, una asociación ilícita desde un organismo estatal, y su abogado denunciante sostiene que no fue hallado en los allanamientos hasta ser ubicado en un country de Pilar. Sobre él solo pesa una prohibición de salida del país.
Lo que sigue
Lijo deberá decidir si hay riesgos procesales que justifiquen la detención. Que esa evaluación llegue tras un año de audios, allanamientos y procesamientos confirmados dice mucho del ritmo con el que avanza esta causa, y de la vara con la que se mide.