5 AÑOS MIRANDO PARA OTRO LADO: UN ORGANISMO DE MENDOZA, REPENTINAMENTE, DEJÓ DE CONTROLAR SUS BIENES
Si bien, el Tribunal de Cuentas viene reiterando la misma orden desde 2021, no ha habido ninguna consecuencia real: la Oficina Técnica Previsional jamás designó un responsable de inventario, tiene bienes extraviados sin depurar y créditos previsionales, bajo sospecha, sin valuaciones precisas. Increíblemente, y pese a la reiteración del incumplimiento, todas las rendiciones fueron aprobadas y ningún funcionario recibió sanción.
Hay un tipo de irregularidad que resulta especialmente incómoda: la que no se esconde, sino que se repite a la vista de todos, año tras año, sin que nadie asuma la responsabilidad de corregirla. Eso es, en los hechos, lo que viene ocurriendo con la Oficina Técnica Previsional (OTP) del gobierno de Mendoza, que acumula cinco ejercicios consecutivos —2021, 2022, 2023, 2024 y 2025— sin designar a un encargado de inventario, tal como exige expresamente el decreto 1000/15.
El detalle no es menor. Se trata de bienes del Estado, algunos en desuso y otros directamente extraviados, que ni siquiera fueron depurados de los registros patrimoniales oficiales. A eso se suma otra observación que el propio Tribunal de Cuentas viene remarcando sin éxito: la falta de correcta valuación de los créditos previsionales correspondientes a anticipos otorgados para jubilaciones y pensiones de policías y personal penitenciario. Ni siquiera existe información pública clara sobre cuánto dinero permanece pendiente de recuperar, ni cuál es el valor real de los bienes que se perdieron.
Una obligación básica, cinco veces incumplida
Lo llamativo —y lo que debería preocupar a cualquier contribuyente— es que estamos hablando de una obligación de control interno absolutamente elemental para cualquier organismo público: saber qué bienes tiene, dónde están y cuánto valen. No es una exigencia técnica sofisticada, es la base misma de una administración responsable de fondos públicos. Y sin embargo, en Mendoza, ese control brilló por su ausencia durante media década.
El fallo correspondiente al ejercicio 2024 ya había ordenado el traspaso de bienes entre las cuentas CUC 27 y CUC 31, además de la baja de los elementos extraviados o en desuso. Un año después, la instrucción sigue sin cumplirse. El propio Tribunal identifica como responsables directos al coordinador ejecutivo y al contador habilitado del organismo. Durante 2025, ese cargo estuvo en manos de Daniel Eduardo González, designado en 2020, cuya renuncia recién fue aceptada el 1° de agosto de 2026 mediante un decreto firmado por el gobernador Alfredo Cornejo. El dato que llama la atención: la salida de González se produjo exactamente el mismo mes en que el organismo de control volvió a advertir sobre la irregularidad.
Cornejo, quien tiene fuerte influencia sobre el Tribunal de Cuentas de la provincia, le toma juramento a juana Molina.
Aprobado sin observaciones, pese a todo
Lo más grave, sin embargo, no es únicamente que la falla se haya sostenido durante cinco años. Es que, pese a esa reiteración, el Tribunal de Cuentas terminó aprobando las rendiciones, liberó de responsabilidad a los funcionarios intervinientes en cada ejercicio y calificó los informes generales como "sin observaciones". No hubo multas. No se determinó ningún perjuicio patrimonial concreto. El organismo de control detecta la falla, la repite en su fallo casi como una fórmula ritual, y luego firma la aprobación igual. Esa contradicción —señalar un incumplimiento y, en el mismo movimiento, dar por cerrado el expediente sin sanción— es, en definitiva, el verdadero problema de fondo: no hay control real cuando detectar la falta no trae ninguna consecuencia.
Contexto: una irregularidad que no distingue gestiones
La responsabilidad tampoco puede adjudicarse a un solo color político. La omisión comenzó durante el gobierno de Rodolfo Suárez, sucesor directo y pupilo político de Alfredo Cornejo dentro de la UCR mendocina —fue el propio Cornejo quien lo instaló como continuador de su gestión en 2019—, y continuó sin sobresaltos cuando Cornejo volvió a ocupar la gobernación en 2023. Dicho de otro modo: dos administraciones consecutivas, del mismo espacio político y con vínculo directo entre sus máximos referentes, convivieron con la misma falla estructural sin resolverla. Ahora, tras la salida de González, la responsabilidad de ordenar el inventario quedó otra vez en manos de las nuevas autoridades, en un organismo que ya demostró, durante un lustro entero, que las instrucciones del control externo pueden repetirse indefinidamente sin traducirse en ningún cambio real.